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La regulación del ‘crowdfunding’ en España agrega más confusión

¿Cómo afectará la regulación del crowdfunding a las plataformas que existen en España? Aunque el anteproyecto por ahora no es una ley, es suficiente como para que las plataformas de crowdfunding empiecen a mostrar sus opiniones acerca de la posible futura regulación.

Aunque inicialmente este anteproyecto no afectaría al crowdfunding más básico, como la búsqueda de fondos para financiar proyectos personales como un disco, un juego o un libro, como ejemplo, se abren las dudas.

El borrador parece ser confuso porque no terminal de definir exactamente la figura a regular. En el anteproyecto se indica que está destinado a proyectos «destinados a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que esperan obtener un rendimiento monetario con la inversión y que no inviertan con carácter profesional», lo que agrega dudas razonables, según Carlos Otto de Lanzanos, que ha atendido nuestra pregunta acerca de este anteproyecto de ley.

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Diferenciar entre «equity crowdfunding»  y «crowdfunding básico» es importantísimo para entender la regulación de esta forma de levantar capital para proyectos y por tanto, de definir ese límite de millón de euros para cualquier tipo de proyecto.

Desde Lanzanos nos comentan que están a favor del registro de estas plataformas en la CNMV, ante el ascenso de estas plataformas como para que se necesite un control y una regulación.

Esperan que el Gobierno abra un dialogo entre el Ministerio de Economía y las diferentes empresas de crowdfunding ante las limitaciones de esta regulación.

Por su parte, ¿es esta nueva ley tan similar a la que en EE.UU. se implementó con JOBS Act? Alejandro Cremades, CEO y co-fundador de RockThePost (plataforma de crowdfunding en EE.UU. enfocada a buscar financiación para pequeñas startups) comenta que la responsabilidad de las plataformas de cara a los inversores limita mucho las operacioens de las mismas y complicará su crecimiento.

La regulación de las inversiones fijadas a un valor máximo como es el caso de los 3.000€ por proyecto o 6.000€ por año en diferentes proyectos, parece ser la parte más problemática de este anteproyecto, que se ve extraño incluso en otros países con legislaciones similares.

Foto (CC) Ervins Strauhmanis

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