La Operación Huracán es un caso que ha copado los titulares de las noticias chilenas durante los últimos días: ocho comuneros mapuche detenidos en una investigación por terrorismo que duró seis meses. Los hechos son de interés nacional en general, pero dentro de lo que nos compete, lo que más llama la atención es que entre las pruebas contra los acusados se incluyen conversaciones de WhatsApp y Telegram.
La pregunta es, ¿cómo se obtuvo acceso a esas conversaciones? Según la legislación chilena, si la justicia le exige a las empresas la entrega de este tipo de datos estas deben cumplir, pero en el caso de la Operación Huracán, no está claro si eso fue (o no) lo que sucedió.
Otra opción es que la justicia haya tenido acceso directo a los equipos. Los detenidos por el procedimiento cambiaban de tarjeta SIM de forma constante, pero mantenían el mismo equipo y a juicio de Viollier “si tenían teléfonos con un Android antiguo o sin una clave de desbloqueo, es relativamente sencillo obtener una orden judicial y acceder a las aplicaciones de mensajería”.
Sin embargo, existe una tercera vía y a juicio de Viollier, “sería la más grave y a la vez la más improbable”: que los equipos se hayan infectado con algún tipo de software espía. “Hoy WhatsApp utiliza un sistema de cifrado punto a punto, por lo que es imposible interceptar las comunicaciones de forma remota a menos que se utilice un malware”.
Ese “malware” podría ser Galileo, un software que en 2015 la Policía de Investigaciones reconoció haber comprado. En su momento, la PDI indicó que la compra obedecía a “incrementar las capacidades operativas en la investigación de crimen organizado, terrorismo internacional y narcotráfico a gran escala”.
Ahora bien, la misma policía está pidiendo cambios a la Ley de Inteligencia vigente en el país para así “permitir investigaciones mucho más ágiles”. Sin embargo, la defensa de los detenidos por la Operación Huracán alega que las conversaciones de chat son inadmisibles como pruebas y la esposa de uno de los detenidos asegura que su cónyuge nunca usó un celular con WhatsApp.
La investigación tiene un plazo de cuatro meses y es muy probable que más detalles salgan a la luz en el futuro, tanto respecto a la misma operación como a las leyes asociadas que algunos parlamentarios consideran que sí deben ser, al menos, revisadas.
