El 26 de mayo Reuters publicó una actualización sobre las metas de inversión e infraestructura del proyecto de la red mayorista que aprovechará la banda de 700 MHz en México para ofrecer acceso a banda ancha móvil. Concretamente la inversión esperada pasa de 10 mil a 7 mil millones de dólares USD para una década y el total de radiobases (nota: en la nota de Reuters se mencionan ‘cell towers’) contemplado pasa de 20 mil a 12 mil aproximadamente.
El artículo firmado por los periodistas Christine Murray y Tomás Sarmiento cita a la subsecretaria de comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Mónica Aspe. La información revelada sobre las modificaciones a estas metas invita a la reflexión sobre uno de los proyectos más destacados de la reforma de telecomunicaciones.
Aunque una primera lectura de esta alteración de metas pueda sugerir un “tropiezo” en el proyecto, la información dada a conocer permite inferir que más bien se trata de una adecuación de las condiciones para hacer más atractiva la entrada de un socio privado al consorcio que operaría la red.
Red compartida, proyecto y esquema
La red compartida mayorista es en términos simplificados un consorcio conformado por una entidad pública y una o varias privadas que operará una red inalámbrica que no venderá servicios a usuarios finales, sino que rentará esta capacidad a empresas que pueden ser operadores de red u operadores móviles virtuales y que ellos puedan ofrecer banda ancha móvil a través de estas frecuencias.
La figura de la asociación público privada o APP es una práctica difundida a nivel global y se pueden encontrar ejemplos en áreas como energía, construcción y telecomunicaciones. En este esquema la SCT aportará la concesión para los 90 MHz de la banda de 700 MHz y una aportación de inversión pública, mientras que el “socio privado” proporcionará la mayoría de la inversión y al menos el despliegue de la red, junto con aspectos técnicos de su operación.
La red compartida mayorista se plantea como una solución para atender temas planteados en la última enmienda constitucional en materia de telecomunicaciones: acceso a banda ancha y una infraestructura robusta que soporte el acceso; uso óptimo del espectro radioeléctrico; acceso en sitios públicos; agenda digital y competencia en el mercado.
Entonces, si las metas de inversión y sitios se han reducido en un orden de 33% y 40% respectivamente ¿es una mala señal con respecto a los objetivos del proyecto? No necesariamente.
Red compartida, riesgo compartido
En enero del 2015 el gobierno mexicano anunció un programa de reajuste del gasto público para el resto del año, y aproximadamente el 35% de ese recorte correspondía a gastos de inversión pública. En el rubro de comunicaciones y transportes se suspendieron dos proyectos ferroviarios, pero la red compartida mayorista no figuró como una de las áreas sujetas a cancelación, suspensión o a una pérdida significativa del presupuesto anunciado. Al menos no públicamente.
Al revisar el programa de inversiones 2013-2018 aparece la cifra de 39 mil millones de pesos como inversión pública programada para la red compartida ($2 mil 600 millones de dólares USD a tipo de cambio de hoy o $3 mil USD aproximadamente con tipo de cambio del 2013), por lo que la participación de este monto en los 10 mil millones de dólares contemplados para una década de la red mayorista era de un 30 por ciento. Es decir, la aportación gubernamental proyectada no es la inversión mayoritaria.
Es probable que esta aportación se vea reducida dado el contexto del reajuste presupuestal. Pero incluso si no sufre alteraciones, no alcanza la mitad de los 7 mil millones de dólares, la meta actual de inversión del proyecto. La diferencia en la cifra no altera el esquema original del proyecto: el socio no gubernamental deberá aportar la mayoría de las inversiones.
Además, este anuncio no sugiere de entrada un retraso en los tiempos del despliegue de la red. La constitución indica que deberá estar en funcionamiento antes de que concluya el 2018, un año en el que probablemente varios países de América Latina que eligieron la segmentación APT (Asia-Pacific Telecommunity) para 700 MHz estén desplegando redes LTE sobre estas frecuencias.
En la región se puede observar el caso de Panamá, en donde Movistar (Telefónica) y Cable & Wireless iniciaron operaciones sobre la banda de APT 700 MHz en marzo del 2015, pero en Brasil aunque se adjudicó espectro en 2014 a cuatro operadores, el proceso de la migración a la televisión digital terrestre ocasionará que el despliegue de las redes sobre 700 MHz ocurra entre 2015 y 2018, dependiendo del progreso de la transición, así como la posibilidad de implementar soluciones que permitan a las señales de televisión y servicios móviles “convivir” temporalmente.
Un elemento complementario que ha mencionado la organización 4G Americas para los países que eligieron la segmentación APT es que se requieren dispositivos capaces de operar en este esquema. Un reporte de la asociación GSA indica que en abril 2015 había alrededor de 76 dispositivos (no todos smartphones) capaces de usar esta frecuencia y la tendencia indica a que en los siguientes años habrá más terminales capaces de operar en APT 700 MHz.
La reducción de los sitios totales de 20 mil a 12 mil aparece quizás como la cifra más llamativa, pero se debe tomar en cuenta que una ventaja de las frecuencias de la banda de 700 MHz con respecto a bandas sobre 1 GHz es que tienen una mayor propagación, por lo que se tiene el potencial de cubrir más área geográfica con menos instalaciones.
Por ejemplo, el estudio “Opciones regulatorias para el uso óptimo de la banda de 700 MHz en México” (Cofetel, 2013) modeló escenarios en los que para alcanzar el 98% de la población en México eran necesarios 8.200 sitios de telecomunicaciones, o bien, 3.450 para el 85% de la población. Si la SCT se refiere a 12 mil sitios como indicador meta, se infiere que la meta de la cobertura sigue siendo viable.
En concreto, la racionalidad de la red compartida está en disociar los riesgos de instalar la red y llevar los servicios finales al consumidor. En este esquema el gobierno mexicano busca atraer a un socio que le permita concentrar el riesgo de la inversión para la habilitación y operación de la red, dejando que los comercializadores y concesionarios interesados en adquirir capacidad concentren el riesgo de competir en servicios al usuario final.
Con este movimiento, el proyecto de la red compartida busca ajustarse a una realidad de reconfiguración del mercado móvil con la entrada de AT&T y permitir que el consorcio que opere la red compartida pueda hacer una apuesta más conservadora en términos de infraestructura e inversión.
Finalmente, la idea de subarrendar porciones de la banda de 700 MHz –dejar al consorcio mayorista con menos de los 90 MHz que indica la constitución- iría en contra de la lógica de este proyecto en donde la idea es que el consorcio que opere la red mayorista cuente con escala a nivel nacional.
