En esta semana comenzará la cuenta regresiva para saber si cambiará el panorama de la televisión radiodifundida (abierta) en México con la licitación de dos cadenas digitales.
Este proyecto tiene varias lecturas dentro del contexto mexicano por el rol de la televisión en varios ámbitos: mayor competencia en contenidos, pluralidad de voces, consolidación de grupos empresariales, entre otros.
No obstante, a estas ópticas se le suma un elemento más, que es calificar si la reforma de telecomunicaciones puede ser en la práctica una reforma al régimen mediático actual. Aunque el nombre de la enmienda destaque la etiqueta de las telecomunicaciones, lo cierto es que en la constitución quedó ordenado el procedimiento de licitar estas nuevas cadenas.
Los primeros días de septiembre marcarán el primer paso, en donde se sabrá qué grupos empresariales están de verdad interesados en la licitación al solicitar la opinión favorable en materia de competencia económica para que el “árbitro”, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decida quiénes podrían ser los siguientes concesionarios.
Ya en otra entrada aquí mismo en FayerWayer abordamos algunas motivaciones que podrían tener las empresas para participar en un negocio que aparentemente está perdiendo fuerza. En esta ocasión quiero aprovechar este espacio para hacer un repaso breve (muy breve) de la historia de la televisión mexicana y cómo llegamos al proceso de licitación 2014-2015.
Nacimiento de la TV
La elección de un sistema de televisión comercial no ocurrió por casualidad. En 1947 el entonces presidente Miguel Alemán Valdés ordenó al Instituto Nacional de Bellas Artes comparar el modelo público inglés con el comercial norteamericano. La comisión que supervisó el estudio y el plan técnico resultante estaba encabezada por el escritor Salvador Novo y el ingeniero Guillermo González Camarena (quien sería uno de los pioneros de la televisión en México a través del Canal 5).
La decisión de adoptar un sistema comercial operado por particulares se desprendió de la cercanía con Estados Unidos, lo que representaba ventajas técnicas, y que no representaría un costo para el Estado mexicano. Se puede decir que la televisión nació a través de una decisión impulsada desde el gobierno, concretamente desde el poder Ejecutivo.
Para 1950 comenzaron a operar las primeras transmisiones televisivas y 10 años después se promulgó la primera ley específica, la Ley Federal de Radio y Televisión (que ha dejado de estar en funciones). Ante la ausencia de un marco regulatorio propio, las negociaciones entre los grupos privados y la Presidencia fueron dándole forma a la industria televisiva.
Entre 1950 y 1952 surgieron en la Ciudad de México tres canales: el Canal 4, de Rómulo O’Farrill, el Canal 2, de Emilio Azcárraga Vidaurreta y el Canal 5 de Guillermo González Camarena. En 1955 se unieron para formar una sola televisora, Telesistema Mexicano, con la justificación de que no era rentable competir entre los canales mencionados, conformándose así un monopolio privado.
Una Ley para la televisión (y para el gobierno)
En 1960 se promulgó la Ley Federal de Radio y Televisión, pero no constituyó un elemento de “combate” al monopolio privado televisivo en ese momento, pero le fue dando elementos al gobierno federal para convertirse en un actor en el sector.
La ley introducía tres ejes: la libertad de expresión, el papel del gobierno como autoridad sobre sus recursos naturales y espacio territorial, así como la televisión como un servicio de interés público. Cabe mencionar que ya existían otras leyes aplicables a la industria televisiva (ejemplo: ley de vías generales de comunicación de 1932), pero esta fue la primera normativa en abordar la radiodifusión de manera específica.
El sexenio del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970) marcó un punto en el cual se alteró la cooperación entre los regímenes de radiodifusión y el político. Buena parte de su plazo al frente de la presidencia mantuvo la relación “natural” entre los concesionarios y el Presidente (no agresión y protección), pero los actos de represión al Movimiento Estudiantil de 1968 tensaron este arreglo.
El gobierno en turno buscó ir más allá de la neutralidad que tenía frente a Telesistema Mexicano y los medios electrónicos en general para ejercer un mayor poder de vigilancia y para tratar de apuntalar un mensaje de unidad nacional para sustituir cualquier crítica en contra del gobierno a raíz de la represión.
El enfrentamiento más duro entre Díaz Ordaz y la televisión privada no surgió a raíz de las agresiones contra el Movimiento Estudiantil, sino por la propuesta del gobierno a través de la Secretaría de Hacienda en 1969 para poner un impuesto del 25% a las empresas de radiodifusión.
El mensaje a través de esta propuesta impositiva era claro: los medios deben negociar con el gobierno, y no al revés. De esta maniobra surgieron los denominados “tiempos de Estado”, que es la transmisión de mensajes gubernamentales o de carácter público en ciertos horarios en los medios comerciales radiodifundidos y que en ese entonces quedó fijado en un 12.5% del total de la transmisión diaria, o 3 de cada 24 horas.
En estos tiempos de Estado el gobierno recuperaba un espacio para transmitir sus mensajes.
De la competencia a la consolidación y el nacimiento de Televisa
El mismo gobierno de Díaz Ordaz había contemplado otras alternativas como contrapeso de Telesistema Mexicano y desde 1967 comenzaron procesos para concesionar dos canales, el 13 y el 8. El último quedó en manos de Grupo Alfa para constituir el proyecto Televisión Independiente de México (TIM). El Canal 13 fue asignado a la Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Como moneda de cambio, Telesistema Mexicano obtuvo el permiso para establecer su filial de televisión por cable, Cablevisión, y se le renovó su concesión de televisión por 20 años más.
Sin embargo, en el sexenio siguiente (Luis Echeverría Álvarez, 1970-1876) vio el nacimiento de Televisa y la renovación del monopolio de televisión comercial privada. Al inicio de su mandato, Telesistema Mexicano y TIM se encontraban en una especie de guerra mediática en el que se disputaban desde anunciantes hasta actores. El gobierno en turno mostró más interés en intervenir en esta especie de enfrentamiento justificando esta postura en una disminución de calidad de contenidos, lo que alentó a las dos empresas de televisión a fusionarse y formar la empresa Televisión Vía Satélite entre 1972 y 1973, Televisa.
En ese momento, la televisión comercial privada se aglomeró a través de la formación de Televisa y el “contrapeso” del Estado abarcó el Canal 13 y el Canal 11 (este último con una mayor trayectoria e historia como medio público, más que de Estado), como alternativas público-estatales. El entrecomillado es intencional: este momento planteó un nuevo punto de equilibrio entre la televisión privada y el gobierno, ya que la primera se reagrupó bajo una sola empresa y el segundo aseguró los medios para posicionar y transmitir sus mensajes sin depender solamente de los tiempos de Estado.
Apertura democrática en México y competencia en TV
Entre 1977 y 1982 ocurrieron dos eventos que volvieron a alterar la relación entre la presidencia priista y la televisión privada en México. En 1977 se materializa la reforma política (enmienda del artículo 41 constitucional) que le daba a la oposición partidista cierto acceso a los medios electrónicos y les otorgaba algunas garantías de competencia electoral. En el papel se debilitó la “exclusividad” del PRI en la pantalla chica comercial, pero aún contaba con medios públicos que podían ser explotados por el Estado o el presidente en turno.
Otro elemento de tensión fue la nacionalización de la banca en 1982, hecho que puso tensión entre la presidencia y empresarios relacionados con la televisión por negocios financieros que tenían algunos de estos grupos con instituciones como Serfín, Bancomer, Banco del Norte, etc. Pero Televisa como tal se mantenía como una empresa consolidada: concentraba dos terceras partes de los canales en México y se había expandido a nivel nacional a partir de la red de estaciones terrestres recién autorizadas en aquellos años.
La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en 1988 significó un cambio en la estructura de la televisión comercial al privatizarse el Canal 13 (Imevisión), subasta en la que se incluyó el Canal 7. El consorcio ganador de esa subasta, Radio Televisora del Centro estaba conformado por Ricardo Salinas Pliego y José Ignacio Suárez y no tenía experiencia previa en la industria televisiva.
La oferta de esta sociedad por el paquete de cadenas que hoy forman Televisión Azteca rondó entre los 642 y 645 millones de dólares. Este movimiento no se realizó sin polémica, ya que por una parte se despertaron sospechas de una triangulación de fondos en la operación a través del hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari y se “compensó” a Televisa con 62 concesiones no licitadas públicamente.
A partir de 1995 con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el sector de radiodifusión y el de telecomunicaciones tomaron más dinamismo y hay mucha historia entre estas casi dos décadas. Para limitarnos a hablar de la televisión, se puede decir que desde el año 2000 hasta la fecha el “fantasma” que recorre las intenciones de política pública es la denominada “tercera cadena”.
Antes de la reforma de telecomunicaciones del 2014, lo más cercano que se estuvo a un proceso de licitación fue en el año 2006, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que había frecuencias disponibles para conformar una nueva cadena. En septiembre de ese año el Grupo Palmas 26, integrado por Grupo Saba y Telemundo, comunicaron su intención de adquirir dichas frecuencias.
En esas fechas, Televisa y TV Azteca transmitieron de manera simultánea historias contra Grupo Saba, entonces el mayor distribuidor de medicamentos en México, presentando a este grupo como un monopolio de medicamentos que afectaba con sus precios a los ciudadanos. La prensa interpretó esta maniobra como una defensa entre ambas compañías de sus porciones del mercado audiovisual.
La reforma
Ocho años después, llegamos a las fechas previstas en el proceso de reforma a las telecomunicaciones en México en donde parece que por fin se verá un cambio en la estructura de la televisión privada, que ha permanecido fundamentalmente en dos operadores nacionales, Televisa y TV Azteca, desde 1993. Este proceso de licitación de cadenas que comienza en septiembre tendrá como prueba los resultados que se tengan en el régimen de radiodifusión comercial: diversidad de contenidos, pluralidad de voces, calidad programática, entre otras.
Pero también está por verse el efecto de la nueva cadena pública en México, que tendrá que caminar a la par de este proceso y ver el cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales está la calidad y la pluralidad.
Estos dos procesos, aunque quizás con más énfasis en el primero, irán abonando evidencia para evaluar si la reforma de telecomunicaciones también cumplirá su objetivo de ser una reforma de medios, pero para poder calificarla como tal, el régimen de radiodifusión tendrá que demostrar cambios en sustancia y no sólo en reacomodo de las porciones del mercado.
Referencias del artículo y lecturas recomendadas sobre la historia de la televisión en México:
Leal Guerra, L. (2007). La legislación sobre la industria de la televisión en méxico: elites tiranas; leyes obedientes. Monterrey: Tesis.
Sánchez Ruiz, E. (2009). Poderes fácticos y gobernabilidad autoritaria. la “ley televisa” como como caso de estudio. In J. Estenou Madrid & A. Alva de la Selva (Eds.), La “Ley 160
Televisa” y la Lucha por el poder en México (pp. 193-223). México: Universidad Autónoma Metropolitana.
Trejo Delarbre, R. (2005). Poderes salvajes. mediocracia sin contrapesos. México: Ediciones Cal y Arena. Trejo Delarbre, R. (2010). Muchos medios en pocas manos: concentración televisiva y democracia en américa latina. Intercom-Revista Brasileña de Ciencias de la Comunicación, 33(1), 17-51.
Wilkinson, K. (2006) Cultural policy in a free-trade environment: Mexican television in transition. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(3), 482-501.
