El día de ayer, The Intercept presentó un reportaje sobre la intervención total de las telecomunicaciones en Las Bahamas a través del programa SOMALGET, que permite la grabación de cada llamada telefónica hecha en la isla. Dentro de las revelaciones, se mencionó que este programa forma parte de un plan más grande, MYSTIC, que recopila los metadatos de tres países: Filipinas, Kenia y México.
Por supuesto, esto constituye “un espionaje masivo claramente ilegal y violatorio de derechos humanos”, como señala la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Como explora Iván Martínez en un texto reciente, la recolección de metadatos es un tema muy serio:
En el libro Cypherpunks: la libertad y el futuro de Internet (Assange, 2012), el hacker alemán Andy Müller-Maguhn señala que los gobiernos están apostando por el almacenamiento masivo por un tema de costos:
Para Müller, el hecho de que sea más barato grabar y almacenar las llamadas de poblaciones enteras lo hace más atractivo que generar un espionaje estratégico sobre blancos identificados: “Hoy día, resulta mucho más eficiente decir ‘lo tomamos todo y ya lo resolveremos más tarde’.”
Literalmente, lo están tomando todo.
El mutismo (¿y complicidad?) del gobierno mexicano
No sé qué me parece más indignante: que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) en Estados Unidos tenga acceso a todos los metadatos de las comunicaciones móviles de México, o el hecho de que –como en acusaciones anteriores- no existe una respuesta de Estado, sino una total sumisión y hermetismo. Ni un cuestionamiento, ni un comentario. Nada.
Antecedentes no faltan. Se ha sabido que la NSA intervino el correo del presidente Felipe Calderón durante su administración; que espió los mensajes de texto del hoy presidente Enrique Peña Nieto durante la campaña de 2012; que al menos 4 de las embajadas de Estados Unidos en México servían como centros de recolección de datos; y que sustrajo datos de la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Y cómo ha reaccionado el gobierno mexicano? Con “enérgicas condenas” (?) y promesas de investigaciones cuyos resultados se desconocen.
Peor aún, el panorama es poco alentador, ya que México es un país en el que los operadores de telefonía están obligados por ley a retener metadatos de todas sus telecomunicaciones.
Si a eso se le suman las medidas planteadas por el Código Nacional de Procedimientos Penales o por la Ley de Telecomunicaciones para dar acceso a esta información a autoridades sin orden judicial, más parece que el gobierno mexicano está inspirándose en el de Estados Unidos, antes que oponerse en sus violaciones a la privacidad.
