Los ciudadanos expresamos nuestro rechazo a la Ley Sinde, que permitirá el cierre de sitios Web que compartan enlaces a descargas, y aún así, el Gobierno español la aprobó, mientras el 2011 agonizaba y todos estábamos más pendientes de las uvas que de la libertad en la Red.
Lo cierto es que la medida debe entrar en vigencia, según lo previsto, en el mes de marzo, y un nuevo enigma se asoma en el horizonte español: ¿Quién asumirá el coste del cierre de sitios Web en España?
Y es que el procedimiento de cierre, una vez se produzca tal decisión por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual encargada de verificar y solicitar la ejecución de la medida, implica unos costes… Que las operadoras de Internet ya han avanzado que no están dispuestas a asumir.
Al menos así lo han adelantado fuentes de Redtel, patronal que defiende los intereses de los principales compañías españolas de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), citadas por el diario El Economista:
Si bien el importe económico que implicarán los cierres aún están por cuantificar, tampoco se ha decidido quiénes serán los que paguen por el proceso, por lo cual las empresas de telefonía están alertando al respecto para “curarse en salud” y evitar tener que asumir cargas económicas que en principio no les corresponden pues está claro que no son derivadas de sus operaciones, sino de una Ley que acaba de aprobarse.
También en El Economista recuerdan que las operadoras tienen sus motivos para desconfiar: Hace un par de años, el Ministerio de Interior puso en marcha el “Plan de Identificación Obligatoria de Usuarios de Tarjetas Telefónica de Prepago”, con la intención de “dificultar a los delincuentes sus comunicaciones”, y que tuvo un coste cercano a los 50 millones de euros, que corrió de cuenta de los operadores de móviles.
Ahora bien, si no cubren los proveedores de Internet el coste de personal y procedimientos que implican los cierres… ¿Lo pagará el Gobierno de Rajoy? De ser positiva la respuesta: Los ciudadanos, que estamos en contra de la medida censora de la Red, terminaremos financiando con nuestros impuestos, el cierre que rechazamos. Patético y perverso el sistema, ¿no creéis?
Empresas de hosting a la carga
Ya una vez que hemos pensado en que muy probablemente terminaremos financiando el cierre de Webs, aunque sea en contra de nuestra voluntad, vale la pena echar un vistazo a otro de los posibles actores que resultarán afectados económicamente con la entrada en vigor de bendita Ley Sinde: Las empresas de hosting.
Desde un primer momento hemos estado escuchando que una de las soluciones a las que recurrirían los administradores de Webs de enlaces a descargas sería la de alojarse en servidores extranjeros, con lo cual las empresas nacionales de este sector se verían en apuros económicos gracias a la ¿brillante? decisión de los políticos.
Así las cosas, leemos en el diario económico Cinco Días como Miguel Errasti, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), explica que están analizando la posibilidad de solicitar al Gobierno de Mariano Rajoy una compensación económica por estos daños:
Es decir, los costes operativos de aplicar la Ley por un lado, y por otro el hecho de que las Webs decidan migrar a servidores extranjeros para evitar las sanciones y bloqueos.
Y es que no estamos hablando de cualquier tontería: Según cifras de ANEI facilitadas a CincoDías, el sector del hosting mueve en España entre 550 y 600 millones de euros anuales. Dinero que iría a parar a empresas de alojamiento en el extranjero.
¿Pensaron en esto los políticos? A mi forma de ver estaban tan presionados por quedar bien con las grandes empresas y con el Gobierno de Obama que se les olvidaron estos detalles.
Igual resulta preocupante que empresas nacionales de hosting se vean tan perjudicadas, cuando se supone que el Gobierno tiene que brindar estabilidad al empresario para que genere empleo, ¿no os parece?
Lo cierto es que si el Gobierno decide “quedar bien” con las empresas de hosting españolas, para que no le recriminen por su metedura de pata cuando todo el dinero que se gasta en hosting comience a salir de nuestras fronteras, y finalmente los políticos acceden a compensarles: También estaremos pagando, con nuestros impuestos, tal compensación…
Al final de la historia vemos cómo el Gobierno aprueba una Ley claramente rechazada por los ciudadanos y somos nosotros los que terminamos pagando por su aplicación. Definitivamente creo que medidas tan polémicas como esta Ley y lo que implica debieran ser consultadas a los ciudadanos a través de referendo, ¿no creéis?
Links:
– Las ‘telecos’ rechazan asumir el coste del cierre de las páginas de descargas (El Economista)
– Las empresas de ‘hosting’ pedirán una compensación al Gobierno (Cinco Días)
