Durante los últimos años hemos visto cómo los ataques de ransomware pasaron de ser una noticia casi curiosa pero aislada a una amenaza global que se ha vuelto cada vez más peligrosa.
El máximo ejemplo lo tuvimos hace algunas semanas cuando el oleoducto Colonial Pipeline de Texas fue víctima de una ciberataque con esta clase de software malicioso que colapsó parcialmente la infraestructura de este sistema por días.
Esto tuvo consecuencias graves ya que hubo Estados en el país donde se presentaron serios casos de desabatecimiento de combustible. Lo que desató una pasajera crisis nacional.
Al final la entidad tuvo que soltar el equivalente a casi USD $5 millones en bitcoin al grupo de hackers DarkSide para recuperar el control de todo y rescatar su información.
Y esto fue la antesala de un cambio importante sobre la forma en que las autoridades de EE.UU. tratarán ahora esta clase de crímenes.
Ransomware como terrorismo
Según marca la agencia informativa Reuters, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha anunciado que elevará la prioridad de las investigaciones ligadas a ataques cibernéticos con ransomware.
De manera que ahora estas amenazas serán tratadas de manera similar a que si se trataran de casos de actividades terroristas.
La extorsión digital y los ataques con ransomware son denominados por el DOJ como “una amenaza creciente para la nación”. Por lo que se eleva ahora el rango de prioridad.
Con lo que en lo sucesivo se desplegará la infraestructura necesaria de inteligencia, a nivel nacional e internacional, para poder rastrear los ataques de este tipo, localizar a los autores y romper la tendencia global.
Colonial Pipeline produce cerca del 45% del combustible en la costa sudeste de Estados Unidos. Así que las consecuencias de ese secuestro fueron considerables.
Suficientes como para marcar este cambio histórico.
