Un senador de Estados Unidos acusa al Pentágono de rastrear a ciudadanos del país sin orden judicial. Compran datos comerciales, gracias a aplicaciones instaladas en teléfonos, para vigilar a sospechosos de terrorismo y presuntos inmigrantes ilegales.
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Lo hacen, al menos, desde 2017.
El senador Ron Wyden realizó la acusación contra el Departamento de Defensa, en una carta compartida con Vice News. “He pasado el último año investigando a los corredores de datos no regulados y a las agencias gubernamentales que les están comprando”, apuntó Wyden.
Demócrata de Oregon, Wyden escribió la carta al Departamento de Defensa, solicitando respuestas sobre el rastreo. Las recibió, pero algunas son tan significativas que no pueden publicarse detalles por términos legales. Una respuesta en particular se considera clasificada.
Los datos a los que accede el Pentágono sin orden judicial
De acuerdo con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, es ilegal que las agencias gubernamentales vigilen a la ciudadanía sin una orden judicial. Además, como recuerda Engadget, la Corte Suprema confirmó la ilegalidad del acceso de las autoridades a los datos de localización en teléfonos celulares sin orden judicial (2018).
¿A qué dato están teniendo acceso? Según Wyden, a informaciones telemáticas de ubicación y automóviles, y metadatos de Internet, incluidos registros netflow y DNS.
La Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa (NSA y DIA, por sus siglas en inglés), son algunas de las señaladas por Wyden. Todas forman parte del Departamento de Defensa, con sede en el Pentágono.
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Los datos de netflow crean una imagen del flujo de tráfico y el volumen a través de una red. Mientras, los registros DNS se relacionan con la búsqueda de un dominio determinado por parte de un usuario: un sistema convierte ese texto en la dirección IP específica que un equipo debe comprender. Como explica Vice News, “esencialmente es una forma de historial de navegación por Internet”.
Propuestas legales para frenar los rastreos no autorizados
Wyden y otros senadores, como Rand Paul, Chuck Schumer y Mike Lee, están proponiendo una nueva legislación llamada Acta de la Cuarta Enmienda no está a la venta, que obligaría a algunas agencias a obtener una orden judicial para rastrear la localización y otros datos.
Esta legislación presenta una acción significativa contra dos formas de vigilancia policial. Va contra la tecnología de reconocimiento facial utilizando imágenes de redes sociales y la cadena de suministro sin garantías de datos de ubicación de aplicaciones de teléfonos inteligentes.
“El acta es, en mi opinión, un proyecto de ley de importancia crítica. Impedirá a las agencias eludir las protecciones constitucionales básicas, mediante la compra de acceso a datos que de otro modo necesitarían una orden”, consideró Kate Ruane. Ella es asesora legislativa de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Hacer negocios en línea no equivale a dar permiso al gobierno para rastrear cada movimiento a través de los detalles más personales de su vida”, redondeó Wyden. Y con toda razón.
