Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, a punto de arrancar su campaña de reelección, reventó contra Twitter el pasado 27 de mayo de 2020.
Todo luego de que la red social implementara su nueva función para etiquetar publicaciones tendenciosas. En donde la propia plataforma incluye enlaces a información que desmiente lo que publicó el usuario intervenido.
En este caso Trump utilizó su cuenta de Twitter como siempre lo había hecho. Lanzando un ataque contra el proyecto de realizar las próximas elecciones (donde participará) a través de un sistema de votos por correo.
El asunto aquí es que Twitter aplicó aquí la nueva función. Marcó los tuits del Presidente como información engañosa, integró enlaces con los datos más objetivos sobre el tema y el mandatario reaccionó con múltiples mensajes de ira.
El argumento de Trump es que ese tipo de medidas (contra él) condicionan la libertad de expresión de los individuos. Así que en respuesta ha anunciado que firmará una orden ejecutiva sobre las redes sociales este 28 de mayo de 2020. A 24 horas del incidente.
¿Adiós autonomía?
Según reporta la BBC, se desconoce el contenido exacto de lo que indicará dicha orden. Pero el consenso es que todo iría dirigido a buscar regular las redes sociales en busca de una supuesta imparcialidad política.
El Washington Post adelanta que la orden ejecutiva se basaría en la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones de 1996. Donde se regula la responsabilidad de los medios sobre los contenidos publicados por sus lectores.
Obviamente los lineamientos de ese documento, correspondientes al mundo de hace 24 años, tendrían que retorcerse adaptarse para el uso de redes sociales en pleno siglo XXI.
Bajo esa lógica entonces ahora la FTC o Comisión Federal de Comercio, tendría ahora el poder para investigar cualquier denuncia de imparcialidad política dentro de las redes sociales.
El asunto es que la FTC tendría la facultad de condicionar las políticas de moderación de contenido en cualquier red social. Sobre todo cuando considere que dicha regulación no es neutral. Y el concepto de neutralidad puede ser muy amplio al parecer.
Esto podría afectar la autonomía de las plataformas, en un escenario donde ya vimos lo que sucedió con casos como el de Cambridge Analytica y su uso para posicionar ideologías y candidatos.
Falta comprobar que sí sea este el contenido de la orden. Aunque parece poco probable que no sea el caso.
