En Australia, el parlamento tomó este día jueves la desición de aprobar una ley que castiga a las redes sociales o cualquier otro servicio de video que no elimine contenidos violentos que estén en sus plataformas. Esta decisión fue tomada por los políticos de ese país debido al reciente ataque acontecido contra dos mezquitas en Nueva Zelanda el pasado mes de marzo.
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Según establece la nueva ley, las plataformas que no retiren de forma rápida los contenidos violentos(terrorismo,violaciones,asesinatos) serán castigados con multas o incluso penas de cárcel para los dirigentes de las plataformas responsables.
Estas podrán llegar a los 3 años o más dependiendo de lo que considere la justicia local. Es más, si las compañías no eliminan el contenido violento «a tiempo» podrán multas equivalentes al 10% anual de sus ganancias anuales.
Australia contra la violencia
La nueva ordenanza también busca castigar a las empresas que publican contenidos violentos y no los eliminan con rapidez en las diversas redes de Internet. Si estos son descubiertos podrían ser castigados con multas que alcanzarán los USD$2.1 millones de dólares.
Sin embargo, según declaraciones de las diversas compañías tecnológicas, como Facebook y Google, la ordenanza puede ser contraproducente para ellos debido a que esta puede conducir a una censura rápida de muchos contenidos sin antes ser revisados con detalle.
El proyecto de Ley fue aprobado en tiempo récord sin ningún reparo de expertos y ni de la industria de Internet. Para Sunita Bose, Directora General de Digital Industry Group, agrupación que representa a empresas como Google, Facebook, Twitter, Verizon y Amazon en el país, señaló en The New York Times sus molestias con respecto a la aprobación de la ley.
«Esta ley fue creada y aprobada en solo 5 días sin ninguna consulta significativa y no hace nada para abordar el tema el discurso del odio», expresó molesta Bose, agregando que debido a la gran cantidad de material que se sube en la red a cada minuto es muy complejo llevar una revisión exhaustiva como lo exige esta ley señalando además que falta una discusión que integre a los medios de comunicación, expertos legales e industrias tecnológicas.
