Esta columna es de autoría de Gaspar E. Pisanu de la organización Access Now. Las opiniones presentadas a continuación no representan necesariamente el pensamiento de FayerWayer ni nuestros medios asociados.
En Venezuela se vive una de las peores crisis sociales, económicas y políticas de la actualidad a nivel global. Frente a la escasa libertad de prensa y la falta de opciones para informarse, los ciudadanos acuden a las redes sociales y a diversas plataformas online para comunicar lo que sucede. Sin embargo, el gobierno de Maduro por medio de bloqueos y terribles regulaciones pretende poner fin a este último bastión para la libertad.
El uso de estas herramientas opresivas se incrementó en las últimas semanas. El 13 de enero, la enciclopedia virtual Wikipedia fue bloqueada por la empresa pública prestadora del servicio de internet (la más grande del país), CANTV. El hecho se dio luego de que algunos artículos de Wikipedia que hacían referencia al líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guiadó, fueran editados designándolo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
La situación empeoró el miércoles 23 de enero cuando Guaidó se proclamó presidente interino del país en un acto público y en medio de una masiva manifestación. De forma casi inmediata, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a bloquear servicios web y aplicaciones de internet como Twitter, Youtube, Wikipedia, y otros.
La organización Access Now, a la cual pertenecemos, informa y combate estas prácticas desde hace muchos años. En 2014 reportamos el bloqueo masivo de redes sociales y aplicaciones de internet, desde Twitter hasta Zello, utilizadas por los venezolanos para comunicarse e informar la brutal represión por parte de fuerzas públicas al poco tiempo que Maduro asumió su primer mandato como presidente. En 2017, justo antes de los comicios donde se elegiría a los miembros de la Asamblea Nacional, CANTV bloqueó Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Periscope. De 2014 a 2018, las autoridades nacionales también bloquearon sitios de noticias como El Nacional, La Patilla, y Tor (herramienta para navegar de forma anónima).
Lo que antes parecía ser una medida excepcional y extrema, en los últimos años es una práctica común en Venezuela. De esta forma, el país latinoamericano se suma a una larga lista de países como Sudán, República Democrática del Congo, Gabón, Zimbabue e India que utilizan los bloqueos y apagones cuando la situación política no es beneficiosa para el gobierno de turno.
Igual de preocupantes son las regulaciones que autorizan y que pretenden legitimar la censura por parte del poder público. Desde 2010 el gobierno venezolano dicta leyes destinadas a poner una mordaza a la libertad de expresión y a la libre circulación de la información. La enmienda a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (2010) obliga a los medios a solicitar la autorización del gobierno para publicar ciertos contenidos y establece una “responsabilidad social” a los proveedores de internet en caso de no cumplir sus órdenes. El Decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica (2017) la dió poderes al ejecutivo para vigilar las redes sociales y filtrar contenidos . La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (2017) dispone que quien promueva el odio o violencia de forma pública (lo cual es determinado discrecionalmente por el gobierno) puede ser encarcelado por hasta 20 años. Todas estas leyes han sido utilizadas tanto para censurar información, (medios de prensa en general, contenidos en redes sociales) como para arrestar a opositores y periodistas.
En las últimas semanas se filtró un proyecto de ley que el gobierno pretende presentar a la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado a su medida y cuya legitimidad es discutida por instituciones venezolanas e internacionales. El proyecto denominado Ley Constitucional del Ciberespacio “justifica y expande aún más los poderes del gobierno para controlar y vigilar el uso de internet sin contrapesos institucionales, lo cual representa una grave amenaza a los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas”, según lo expresan organizaciones locales e internacionales en un comunicado presentado en respuesta a esta iniciativa.
La Ley del Ciberespacio permitiría que el gobierno recolecte y procese datos de los ciudadanos sin su consentimiento, los fuerce a entregar todos sus dispositivos electrónicos, y que pueda intervenir en la infraestructura de internet, entre otras facultades excesivas. Al mismo tiempo, pretende crear una autoridad todopoderosa que podrá determinar qué es “acceso y uso correcto del ciberespacio”, realizar tareas de vigilancia ilimitadas, aplicar sanciones excesivas, adoptar medidas preventivas frente aquello que califique como cibercrimen, ciberataque, ciberterrorismo, o cualquier mensaje que consideren perjudicial o amenazante. De acuerdo con Iria Puyosa, investigadora del Observatorio de Información y Datos en Latinoamérica, “esa ley daría legalidad a los sofisticados bloqueos tácticos de aplicaciones y de sitios web, además de darle legalidad a mecanismos de vigilancia sobre las actividades en internet de los ciudadanos”.
Sin embargo, los problemas de acceso a internet no solo provienen de terribles medidas dirigidas a restringir la libre circulación de información. La crisis económica ha tenido un impacto directo sobre la empresa de telecomunicaciones CANTV cuya infraestructura se encuentra en pobres condiciones y en detrimento debido a la falta de mantenimiento. “El gobierno, por un lado, dejó de invertir en la empresa estatal, sirviéndose de sus ganancias para financiar programas sociales, y, por la otra, impuso medidas restrictivas a la inversión privada” según comenta Raisa Urribarri, profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes. Agrega que en “los últimos cuatro años la conectividad en Venezuela ha ido decreciendo y desmejorando sus servicios”.
Lamentablemente son muchos los derechos humanos que se encuentran amenazados en Venezuela, no solo la libertad de expresión y de información. La hambruna, la inflación y la violencia son algunos de los males que azotan todos los días a los venezolanos y venezolanas y que llevaron a decretar la crisis humanitaria en la ONU. En estos tiempos de grandes manifestaciones y de represión por parte del poder público, los activistas de derechos humanos en la era digital continuamos nuestro trabajo para proteger a periodistas, activistas y a las personas en general de verse privadas en su derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Para combatir esta situación es necesario que la información viaje libremente, razón principal por la que el gobierno de Maduro pretende evitarlo.
