Hace algunos meses se supo que Mónica Palma, Luis Arroyo y Héctor Llaitul fueron sobreseídos, de una supuesta “violación de secreto”. La resolución del juzgado avaló los antecedentes puestos por el fiscal Carlos Palma, y no se encontró evidencia alguna de esto. No obstante, varios ex uniformados insisten en presentar acciones en el marco de la Operación Huracán.
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Se ha presentado una nueva querella contra Luis Arroyo, la tercera en su tipo. Según consigna La Tercera, la primera acción legal fue interpuesta por el capitán (R) Patricio Marín, de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Temuco (UIOE); la segunda, por el exjefe de Inteligencia de Carabineros, el general (R) Gonzalo Blu, y ahora fue el turno del mayor (R) Leonardo Osses.
Todos los personajes mencionados anteriormente, que presentaron demandas, son investigados por falsificación de pruebas en la Operación Huracán (se falsificó conversaciones de WhatsApp, apelando a una aplicación que nunca existió). De hecho, Osses y Blu están con prisión preventiva (una extraña coincidencia hizo que el último se descompensara justo cuando se la decretaron).
La nueva querella presentada por Osses menciona que Arroyo conocía los hechos. Esto filtró el mismo medio:
“El fiscal Luis Arroyo sí conocía de los procedimientos de la UIOE y, además, habría tenido en su poder un borrador del Oficio N° 130 previo a su entrega del 20 de septiembre, contradiciendo lo vertido por este en su querella y en su declaración presentada ante el fiscal de la causa (…) Arroyo habría borrado las conversaciones que lo vinculaban con esos hechos, antes de hacer entrega voluntaria de sus celulares en la fiscalía.
Por su parte, el abogado de Arrollo dijo que “estas imputaciones que le formularon estas personas fueron desestimadas tanto en la investigación por el Ministerio Público como en las resoluciones judiciales que señalaron la falsedad (de estos hechos)”. Meses antes Arroyo también dijo a la prensa que había un “montaje para perjudicarlo por no haber accedido al uso de herramientas ilegales durante la investigación de los posibles delitos en la Araucanía”.
