Ha pasado casi un año desde que Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3DMX) y otros organismos civiles exhibieron en México el uso intencional del software de espionaje Pegasus contra periodistas locales.
El punto delicado es que toda la investigación apunta a que la adquisición del spyware y su ejecución partiría desde el propio gobierno federal de México. Mismo que reaccionó inmediatamente clasificando como confidencial toda la información relacionada.
Desde entonces pocos avances se habían podido lograr en materia legal; a pesar de la exhibición internacional, hasta ahora.
Una publicación de la propia R3DMX revela que un Juez Federal ha resuelto la impugnación 19/2008 presentada por la víctimas.
Con la cual la Procuraduría General de la República (PGR); ahora se verá legalmente obligada a admitir y desahogar las pruebas ofrecidas por los agraviados sobre el uso del spyware Pegasus.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México; señala en su resolución que la línea de investigación deberá enfocarse de manera secuencial.
Primero armando el caso sobre la adquisición del spyware Pegasus; para avanzar su desarrollo hasta el uso ilegal contra periodistas por parte de la Agencia de Investigación Criminal; que forma parte de la propia PGR.
Las víctimas tendrán derecho a participar en la propia investigación; a la par que la PGR estará obligada a actuar «con debida diligencia”.
Se trata de un avance importante, pero de equilibrio delicado.
Ya que la PGR será juez y parte de su propio caso.
