Desde hace más de cinco años Colombia ha querido reformar sus leyes de derecho de autor sin lograr tener éxito en ninguno de los proyectos. Ahora, la reforma a la Ley 23 de 1982 de Derecho de Autor y Derechos conexos vuelve a ser un tema de debate. Desde sus inicios en 2012, el proyecto de ley conocido como ‘Ley Lleras’ ha buscado actualizar el marco del derecho de autor en el país, para cumplir con las exigencias que ha hecho Estados Unidos a Colombia tras la firma del TLC y para que pueda entrar a la OECD.
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Es importante tener en cuenta que el nuevo proyecto de ley, que no fue aprobado en segundo debate en el Senado, no era la misma polémica Ley Lleras que fue presentada en 2012, que tenía como objetivo exonerar a los intermediarios de Internet por los usos sospechosos que hicieran las personas en la red, una obligación ligada al TLC que aun hoy se mantiene pendiente.
Incluso, de acuerdo al extinto texto del Proyecto de Ley 146 de 2017, el documento NO tiene como finalidad la discusión de la responsabilidad civil de los Proveedores de Servicios de Internet, por lo que no debe ser confundido de ninguna forma con la «Ley Lleras».
En este punto se preguntarán, entonces realmente ¿qué fue lo que volvió? Pues bien, el nuevo proyecto de ley pretendía actualizar el marco normativo existente en Colombia en el tema de derecho de autor, para que los creadores, es decir, los autores, así como los artistas intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión puedan ejercer de forma eficaz sus derechos, acorde con los estándares internacionales establecidos en diferentes tratados y convenios.
Los principales opositores
La DNDA asegura que han escuchado a todos los sectores a quienes compete este proyecto de ley, que en la tarde de ayer se encontraba en segundo debate en el Senado, y no fue aprobado por el organismo, por lo que se tendrá que volver a replantear como un nuevo proyecto de ley, y posiblemente se propicie un espacio para ser debatido con los principales sectores afectados.
Esta resulta ser una buena noticia para organismos como la Fundación Karisma, que desde los inicios de la ‘Ley Lleras’ ha solicitado al gobierno que este tipo de proyectos de ley tengan debates democráticos. «Pedimos que no eviten esos debates y nos dejen fuera de la conversación, que no se decida por nosotros a puerta cerrada», asegura la abogada y activista Carolina Botero.
De acuerdo a un reciente escrito de Botero, los actuales procesos de reforma al derecho de autor suelen tomar años en cualquier lugar del mundo, pues «definir este marco legal es definir las reglas de juego del mundo digital». Por lo anterior, Botero asegura que la reforma a la Ley 23 de 1982 de Derecho de Autor y Derechos conexos, debería someterse a un debate para que en el futuro, el derecho de autor no castigue a las bibliotecas que hacen proyecciones de cine sin pagar derechos de difusión, ni tampoco a aquellos que reproducen partituras de música colombiana que no tienen autor.
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La Fundación Karisma asegura que la importancia de esta legislación es tal que fortalecerá o debilitará nuestras capacidades de ejercicio de derechos humanos en línea, está estrechamente relacionada con la posibilidad de informarnos y de informar, de acceder al conocimiento y de compartirlo.
Por otra parte, el diario El Espectador cita a la abogada Marcela Palacio, autora del libro Derecho de autor, tecnología y educación para el siglo XXI, quien dejó ver su preocupación frente al más reciente proyecto de ley, pues indica que es una legislación más restrictiva de lo que debería ser, implicando que, por ejemplo, se pueda llegar a impedir la copia de parte de un texto para incluirlo como cita en un trabajo académico.
De este punto nace el denominado ‘uso justo’ que defiende la activista Carolina Botero, pues considera que, tras analizar el marco jurídico de Estados Unidos y Reino Unido, es posible poner a tono nuestro sistema, implementando «una cláusula abierta que dé flexibilidad y que permita al propio sistema actualizarse a los avances de la tecnología. Todo esto respetando los derechos de la audiencia –personas usuarias, consumidores, la sociedad en general”.
Por lo anterior, Botero asegura que Colombia debería tener en cuenta lo que están haciendo otros países, que están reformando sus leyes y adaptándolas a los cambios tecnológicos, buscando equilibrar la balanza entre los derechos patrimoniales de las personas autores y el interés general, sentencian.
¿Cuál es el estado actual del proyecto?
En la tarde del 21 de marzo de 2018, el proyecto de ley 146 de 2017 fue debatido en plenaria de Senado, donde finalmente no fue aprobado, lo que significa que la legislación sigue sin actualizarse y que tendrá que ser presentado un nuevo proyecto de ley para dicho fin. Se espera que para la creación del próximo proyecto de ley se propicie un espacio para el debate que ha sido solicitado con insistencia por parte de los principales sectores afectados.
