En medio del evento 9punto5 que se está llevando a cabo en la ciudad de Valdivia en Chile, Pedro Huichalaf Roa, anterior Subsecretario de Telecomunicaciones, se refirió al llamado Decreto Espía que por estos días ha hecho noticia en Chile y no por tratarse de algo bueno.
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Huichalaf explicó que cuando él estuvo en el cargo, dicho decreto ya se estaba estudiando y que siempre estuvo en contra de lo que proponía. «Personalmente, yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese decreto. Y cuando estuve en la Subtel puse mis reparos técnicos y legales respecto al primer borrador que se estaba estudiando en ese momento».
Después salí de la Subtel y hoy día se está presentando en la Contraloría General de la República, lo que significa que mi sucesor en el cargo no tuvo reparos sobre ello o estuvo de acuerdo. Pero yo no puedo responder por ello.
En mi administración se hicieron todas las observaciones y antecedentes necesarios ante el estudio que había en ese momento.
Pero ahora que no estoy en el gobierno, sigo manteniendo mi postura: creo que ese decreto es inconstitucional y excede las atribuciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Huichalaf dice que leyó el primer borrador y si bien lo que hay ahora ha cambiado bastante, excede a las atribuciones de la ley:
Lo que veo hoy día excede las atribuciones de la ley. Y creo que es ilegal porque la constitución habla sobre la individualidad de las comunicaciones. Y los datos, en principio, también son comunicaciones. La ley solo hace referencia a la interceptación de voz y no de datos, entonces ahí está la inconstitucionalidad, no en la modificación como tal porque un decreto se puede modificar muchas veces.
Además, el decreto es de procedimientos, en el sentido que dice cómo las empresas tienen que entregar cierta información. Y además le están incorporando otras cosas, entonces eso me parece que no está bien. Aunque esto lo digo como ciudadano a pie.
Me quedo con la conciencia tranquila de que, como autoridad, no validé un documento como ese.
El decreto en cuestión (analizado al detalle en el sitio de Derechos Digitales) se presentó hace unos días y la organización fue hasta la misma Contraloría a entregar antecedentes para oponerse, ya que su propuesta (aumentar las facultades de guardar datos de las empresas de telecomunicaciones) debiera ser un proyecto de ley que pase por las respectivas cámaras del congreso antes de aprobarse.
