El escándalo de espionaje hacia periodistas y activistas mexicanos, mediante el uso de un software de intrusión al que sólo tienen acceso las instituciones de seguridad de gobierno, llega a un nuevo nivel de arbitrariedad tras la respuesta de las autoridades ante la exigencia de cuentas claras y transparencia sobre el tema.
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En una carta dirigida al New York Times, uno de los primeros medios en sacar a la luz esta intervención, Daniel Millán Valencia, director general de medios internacionales de Presidencia de la República, condenó los actos de violación a la privacidad contra los agredidos y negó la participación de la administración federal, asegurando que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”.
Pero, el punto de la controversia que sitúa a las autoridades en la mira como probables responsables es que el software identificado en todos los casos de espionaje nacionales es el denominado Pegasus, desarrollado por la firma NSO Group.
Esta firma es una vieja conocida, cuya convivencia con el gobierno mexicano data desde hace algunos años, con el uso de sus programas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), ya que esta clase de software, supuestamente sólo puede ser vendido a gobiernos nacionales para sus actividades de seguridad nacional.
Ahora, un reporte del diario español El País, con la crónica de todos los antecedentes de Pegasus y NSO Group en México, cuyos contratos gubernamentales datarían del año 2014, vuelve a confirmar que estos documentos, que avalarían sin lugar a duda alguna la operación de software entre autoridades mexicanas, se mantienen clasificados como información confidencial:
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La Agencia de Investigación Criminal [un área de la PGR] localizó la información solicitada… la misma constituye información clasificada como reservada.
Esa es la respuesta oficial ante la solicitud de transparencia presentada por la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3DMX) en 2016, Lo cual, bajo la normativa de la legislación actual, condenaría a que estos contratos y todo lo relativo entre NSO Group y el gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto, se mantenga como privado hasta el año 2021.
Una realidad innegable aún así es que México se está distinguiendo a nivel internacional por el aparente uso indiscriminado de software de espionaje entre sus ciudadanos.
A las pruebas se remite todo.
