El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México se ha mantenido ocupado esta semana, repartiendo multas y afinando los últimos detalles para dar cumplimiento con algunos proyectos del sector que llevaban bastante tiempo siendo retrasados. Este 11 de noviembre en sesión extraordinaria (y casi anónima) el organismo ha analizado y aprobado tres proyectos, uno de ellos que pinta para volverse controvertido:
- Las bases para la licitación de 80 MHz de espectro en las bandas 1.7/2.1 GHz, conocido como espectro AWS.
- Las iniciativa de habilitar el número 911 como nuevo número telefónico de emergencias.
- Los lineamientos para aprobar la intervención telefónica de líneas móviles y fijas, por motivos de seguridad.
De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por el propio IFT, el Pleno aprobó, sin modificaciones, los lineamientos para que las operadoras nacionales entreguen a organismos judiciales, bajo la justificación de una situación de “seguridad y procuración de justicia”, cualquier información sobre sus clientes, así como la autorización para intervenir llamadas o compartir en tiempo real la ubicación precisa de quien utilice algún teléfono móvil dentro de su red.
Este asunto, por desgracia, lleva bastante tiempo cocinándose, desde la creación de las obligaciones adicionales de las operadoras, integradas dentro de la reforma en materia de telecomunicaciones, que dio origen al mismo IFT, y que ha sido impulsada en la actual administración encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
(C) Sony Pictures Television
Más de un año duró el debate y las negociaciones, según reporta el diario La Jornada, pero al final la resolución fue casi la misma planteada al principio: cuando les sea requerido los operadores deberán entregar toda la información en tiempo real relativa a la localización geográfica de los equipos de móviles conectados a sus servicios, así como los datos de llamadas. Todo bajo la promesa de un total cuidado a la privacidad y derechos, según marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que haya algún motivo judicial para saltarla, sin la necesidad de la intervención de un juez.
Pero no todo es tan malo, en su momento este proyecto fue duramente criticado por plantear un acceso más libre a cualquier organismo judicial desde cualquier punto de México. Al final la negociación aterrizó en que la solicitud de intervención sólo podrá realizarla una autoridad federal (que tiene presencia en todo el país) o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente.
Los demás lineamientos sobre el proceso y la lista de escenarios específicos donde podría ser autorizada la intrusión siguen igual que hace un año en el limbo.
