América Latina verá en esta década políticas encaminadas a completar el apagón analógico y la transición a la Televisión Digital Terrestre. Sin embargo, en estos años los mismos consumidores comienzan a reemplazar a la televisión como la principal pantalla o dispositivo que da acceso al entretenimiento y la información.
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El reto para los gobiernos y los involucrados en la política pública será tener en cuenta que el final de las señales analógicas ocurre en un contexto en el que dispositivos, como tabletas o smartphones, y el acceso a banda ancha comienzan a sustituir a la televisión como la pantalla central en el consumo de contenidos. En una región como América Latina, la “brecha” del acceso a la tecnología está relacionada al ingreso de las personas, la cobertura de las redes y la disponibilidad de electrónicos de consumo.
En pocas palabras, aunque en la región se observe esta tendencia, no quiere decir que ya estamos ahí. La televisión abierta es el medio con más penetración con más de 85% a nivel América Latina, mientras que 60% de los hogares cuenta con al menos una tableta, computadora o smartphone con el que accede a Internet, según cifras de Ericsson de finales de 2014. Además, en la región sólo 40% de los usuarios de redes móviles tiene acceso a las catalogadas como 3G o 4G.
Las políticas públicas de TDT en la región que necesiten recursos públicos deben considerar que, en efecto, pueden tener un impacto positivo en estos hogares en las que el ingreso es la principal “brecha” en cuanto a acceso a las TIC. No obstante, no se puede ignorar que la apuesta a futuro está en articular en programas de mejora de la conectividad que permitan desarrollar iniciativas de salud o educación a distancia o de fomento de la actividad económica.
En 2015, México ejecutará su programa de transición a la TDT. El plan consiste en entregar 13.8 millones de pantallas digitales a hogares empadronados en programas sociales del gobierno federal. Este gasto está calculado en USD $1.770 millones, pero al no haber recursos etiquetados explícitamente en el presupuesto se dificulta transparentar el programa y evaluar su eficiencia con cifras claras de manera posterior.
Para América Latina, la experiencia mexicana puede funcionar como una experiencia ajena para identificar buenas o malas prácticas en política pública. La pregunta para este proyecto en 2015 será si atiende efectivamente a los hogares que no pueden hacer la transición digital en el corto plazo con sus ingresos y si tiene en cuenta el reemplazo progresivo de la televisión como la pantalla principal en el hogar.
Amplificador comunitario para TDT comunitaria (cc) Andreu Bassols / Flickr
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De entrada, este programa dejará a 2,3 millones de hogares (en México hay 31,3 millones) sin atender. Si desean recibir señal de TDT deberán solventar su propia transición, y si todos optaran por adquirir un decodificador de los más baratos, el gasto total de esta transición de hogares que no recibieron una pantalla sería USD 29,2 millones, aproximadamente (MXN $430 millones).
Pero no todos los hogares que carecen de señal digital están interesados en la televisión como opción de entretenimiento, y no todos están en condición de pobreza. Puede haber situaciones en la que los habitantes de un hogar prestan muy poca atención a la televisión radiodifundida y prefieren ver contenidos en Internet, lo que no los apresuraría a comprar una nueva pantalla o un decodificador, por ejemplo, un hogar de estudiantes en una de las principales zonas urbanas. Este hogar hipotético podría incluso decidir a futuro adquirir una televisión “conectada” no para aprovechar la TDT o la televisión restringida, sino aplicaciones que permitan ver video en Internet. En síntesis, un programa de transición no debe ir encaminado necesariamente a todo el universo de hogares que no reciben TDT, pero debe definir el perfil de los beneficiarios si se les decide subsidiar un receptor.
El gobierno mexicano acotó este beneficio a los hogares que reciben programas federales de desarrollo social. Las pantallas les son entregadas y sólo se puede ordenar un apagón analógico en una localidad en la que se repartieron 90% de los aparatos entre los beneficiarios designados.
Quizá el escalonamiento de los apagones sea uno de los aciertos centrales del programa, pues observa asimetrías entre regiones. No obstante, tomar como universo “vulnerable” al apagón deja fuera de la ecuación a los hogares sin señal analógica que no están inscritos en este padrón. Algunos de estos hogares pueden no requerir un apoyo económico directo para efectuar su transición, pero como ocurrió en el caso del Reino Unido, se requiere una campaña focalizada de comunicación y asistencia técnica para ayudar a ciertos hogares en el proceso, como los de personas de la tercera edad.
Dividir el total de pantallas entregadas entre hogares designados como beneficiarios permitirá apagones en los que, en efecto, la penetración de TDT será mayor a 90% sólo para este grupo de hogares, pero no para la población en general. Además, la entrega es sólo un primer paso, pues se debe garantizar que los hogares que reciban un televisor no lo empeñen, vendan o hayan transitado ya. ¿Qué sucede en casos como los que reporta El Universal en los que hogares con televisión restringida recibieron un televisor digital? El seguimiento de una política pública es clave para evaluar su éxito o fracaso.
El 2015 es un año electoral en México, por lo que la entrega de este apoyo será polémico y casos de entregas “redundantes” pueden alimentar una visión negativa hacia el programa de TDT. Al final de la ruta también pesará el contraste en términos de costo-beneficio con el programa anterior ejecutado en Tijuana por la extinta Cofetel, que repartió decodificadores a hogares en situación de pobreza y no sólo beneficiarios.
El reto no es menor: por una parte los hogares van desplazando a la televisión del “trono” del acceso a los contenidos y por otro se tiene una brecha de ingreso que se traduce en acceso a redes y tecnología. El balance entre estas condiciones parece favorecer esquemas de receptores más económicos como una medida para garantizar la transición a la TDT en el corto plazo para mirar a futuro a programas que amplíen el acceso a la banda ancha.
