El año 2015 es un año clave para el desarrollo de las redes en México según las nuevas leyes derivadas de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero también es un año electoral que desde ahora emite señales que tienen potencial para causar interferencia con la agenda gubernamental para la gestión del espectro radioeléctrico.
Concretamente, en el 2015 se verán tres elementos clave en materia de política pública sobre este recurso que impactan directamente en el desarrollo de los servicios móviles: la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), la licitación del proyecto de la red compartida mayorista y el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico.
Aunque estas acciones pueden parecer alejadas de las contiendas electorales, los actores políticos en México ya han dejado entrever que hay preocupaciones por al menos uno de los proyectos mencionados: la TDT por ser un proceso apoyado por el reparto de televisiones digitales subsidiadas por el gobierno a beneficiarios de programas sociales.
La política de TDT y las elecciones tienen dos antecedentes “conflictivos” con los tiempos electorales, lo que motivó en su tiempo una controversia constitucional sobre quién debería generar la política del apagón en 2010 y tres años después un proceso electoral local en Tijuana terminó por retrasar el primer apagón analógico de una ciudad entera en América Latina.
La consecuencia de las campañas y los conflictos entre los partidos políticos en México es menos clara en otros dos procesos del 2015: la licitación del proyecto de la red compartida mayorista (se definirá quién será el socio privado del gobierno en el despliegue de la red) y el desarrollo del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico.
Además, en ese mismo año se licitarán dos cadenas nacionales de televisión digital. Aunque es previsible que este proceso puede tener “interferencias” con las elecciones, en esta columna no la abordaremos por ser una política enfocada a la competencia en radiodifusión.
TDT y elecciones
Aunque las campañas electorales no han iniciado, desde el Congreso comienzan a manifestarse las inquietudes sobre el efecto del programa de entrega de televisores digitales en tiempos electorales.
El presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información en la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame (PAN), declaró que el programa de reparto de las pantallas debería ser pausado durante el periodo de elecciones porque éstas pueden representar una manera de promover al PRI, que actualmente encabeza el gobierno federal.
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ha respondido con la negativa –al menos por el momento- de pausar el reparto de las pantallas digitales argumentando que la constitución establece que el apagón debe ocurrir el 31 de diciembre del 2015 a más tardar y que incumplir con este mandato pondría en riesgo su puesto al frente de la secretaría.
Debido a que la fecha del apagón está en la constitución mexicana, ésta tendría que reformarse a través del Congreso mediante otra enmienda constitucional, escenario que parece poco probable por la cercanía de la fecha.
La TDT está ligada a la “tentación electoral” a través de la política de subsidio. En la primera versión de la política de TDT en 2004 no se establecía este criterio, pero a partir del decreto del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2010, el gobierno federal aportaría fondos públicos para otorgar decodificadores digitales a los hogares en situación de pobreza.
Este decreto fue atacado principalmente por el PRI a través de una controversia constitucional motivada en dos argumentos: el Mandatario estaría invadiendo facultades de la ahora extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) al expedir un decreto para política de TDT y la entrega de los decodificadores podría ser usada como por el PAN como una herramienta de promoción electoral.
La controversia no progresó y la política de TDT se oficializó en 2012 ahora desde la Cofetel, dependencia que mantuvo el esquema de los decodificadores para hogares en situación de pobreza (no necesariamente beneficiarios de programas sociales) en la que se instalaban incluso antenas para garantizar la recepción y posteriormente se hacía una visita de verificación.
A pesar de que Tijuana –la elegida para ser la ciudad “piloto” del apagón analógico- contaba con 93% de penetración TDT para mayo del 2013 y superaba el umbral del 90%, la Cofetel tuvo que restaurar la señal analógica luego de que el PRI de Baja California presionara al IFE, reclamo que se vio reflejado en los principales noticieros nacionales acompañado de una crítica unilateral al entonces comisionado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan.
La historia reciente muestra que la resistencia política hacia el programa de transición a la TDT ha descansado en la posibilidad de uso electoral del subsidio de aparatos (antes eran decodificadores y hoy son televisiones nuevas), así como en la anulación de la señal analógica durante el periodo de campañas. En el 2015, un titular de periódico sobre el subsidio federal a pantallas digitales es sin duda más polémico que uno que hable de cajas decodificadoras. Además, uno de los elementos que pueden ser atractivos para la prensa es destacar que estas pantallas se otorgan a beneficiarios de programas federales de desarrollo social.
Debido a que la constitución habla de una fecha nacional y no de un calendario forzoso regional, el tema de la suspensión de señales durante elecciones puede ser un punto sujeto a una mejor coordinación que impida realizar apagones durante la duración de las campañas independientemente del grado de penetración TDT en cada región.
Red compartida y programa de espectro
El programa nacional de espectro que deben anunciar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Gobierno federal es un asunto clave para proyectar el futuro de la asignación de este recurso a los servicios móviles. La red compartida, por otro lado, es un proyecto que creará a un nuevo competidor en infraestructura de red y que será una entidad formada por el gobierno y un socio privado para usar los 90 MHz de la banda de 700 MHz. Estos proyectos se afectan el uno al otro, puesto que el gobierno expondrá la planificación del espectro y definirá qué espacios estarán disponibles a los operadores privados para ser licitados para servicios de telefonía y banda ancha móvil.
Por ejemplo, México tiene disponibles 30 MHz de la banda de 1.7 MHz, además de que el gobierno recuperó en septiembre del 2013 130 de los 190 MHz de la banda de 2.5 Ghz. Estas frecuencias podrían formar parte de un nuevo proyecto de licitaciones de espectro para el despliegue de servicios móviles, pues son bandas útiles para 4G LTE.
No obstante, hasta no conocer la planificación del espectro no se podrán proyectar las fechas para las nuevas asignaciones del recurso, además de que se deberá abordar el aspecto de los topes de espectro vigentes en el país (80 MHz) desde las últimas licitaciones: Licitación 20 y Licitación 21.
En cambio, el IFT ha proyectado que para agosto del 2015 se anunciará el ganador de la licitación del proyecto de la red compartida mayorista, a pesar de que este proyecto debería arrancar a finales del 2014 según la constitución. Está por verse si la oposición partidista logra relacionar este proyecto con las rentas electorales, pues un proyecto de “red compartida” con intención de llevar servicio de banda ancha al 98% de la población tiene potencial de ser distorsionado para ganar titulares como una apuesta “populista” a la mitad de un año electoral. Además, este proyecto depende de que el gobierno logre concretar la transición a la TDT para aprovechar el dividendo digital.
Desde luego que la licitación “polémica” no se proyecta que sea la del futuro de la banda de 700 MHz, sino la de las nuevas cadenas de televisión, pero debido a que los procesos licitatorios ocurrirán casi de manera simultánea, los partidos políticos pueden encontrar la manera de relacionarlas en el discurso.
Convergencia de intereses
Aunque los temas más atractivos en temas de redes son el manejo del espectro, las subastas o licitaciones y el despliegue de servicios avanzados, la TDT es una pieza fundamental en este proceso, ya que permite despejar frecuencias valiosas.
En el caso de México, no quiere decir que los servicios de 4G tendrán que depender de la “red compartida”, pues ya tres operadores –Telcel, Nextel y Telefónica Movistar- han desplegado sus ofertas de LTE en el país a diferente ritmo. En este sentido, la red compartida se prevé que esté en operaciones plenas para el 2018, pero en ese periodo la planificación del espectro será clave para que los operadores puedan planificar sus estrategias de adquisición o arrendamiento de espectro.
La “arena política” que se presentará durante las elecciones y la decisión de las fuerzas políticas de atacar o no esta cadena de política públicas es un factor de impacto en la evolución de las redes.
