En México, dar un “avionazo” significa ignorar deliberadamente a alguien o algún tema, pero haciendo como que se le está prestando la mayor de las atenciones. En el caso del segundo informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el anuncio de un nuevo aeropuerto minimizó el reporte sobre algunas reformas estructurales, como la realizada al sector de telecomunicaciones y que se presentó como una de las más importantes al inicio de esta administración.
Para ser justos, este proceso de reforma recién culminó en su parte legal con la entrada en vigor de las llamadas “leyes secundarias” en agosto del 2014. Este cambio normativo inició en marzo del 2013 y es entendible que ese periodo de más de un año haya generado incertidumbre en las inversiones.
Sin embargo, la misma reforma constitucional del 2013 puso en marcha una serie de procesos de los que es preciso tener cuentas claras para saber hacia qué rumbo se encaminan. Sin duda, algunos de estos procesos son complejos y tomarán más de un par de años (o más del sexenio) en cuajar, pero se esperan señales claras de cómo se van llevando a cabo.
Si se revisa la prensa mexicana, el mensaje del Mandatario se apoyó en dos elementos principales: las reformas estructurales (telecom, energía, etc) se concretaron en lo legal y político y sus beneficios se reflejarán en lo económico durante los siguientes años. Lo que viene son macro proyectos de infraestructura como un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y el cambio de nombre (¿relanzamiento?) de uno de los principales programas anti pobreza en el país, Oportunidades, que ahora se conocerá como “Prospera”.
El mensaje: nuevos proyectos y las reformas a segundo plano
El Segundo informe presidencial (texto completo y resumen ejecutivo) ubica al sector de telecomunicaciones y TIC como un elemento clave para el crecimiento. Dentro del reporte incluso está bajo el apartado de “México Próspero”. La problemática identificada es que hay mucha concentración en telecomunicaciones y en radiodifusión, lo que genera un efecto de baja inversión y servicios costosos para el público.
Para tener servicios de mejor calidad y de mayor alcance (¿democratizarlos?), una clave de la reforma fue la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), regulador que puede emitir reglas “asimétricas” para poner medidas especiales a empresas con prácticas o efectos monopólicos y tratar de incentivar la competencia en los servicios.
En cifras, la misión que se planteó el gobierno en la reforma de telecomunicaciones fue alcanzar una competencia efectiva a través de medidas regulatorias en este sector y el de radiodifusión, así como garantizar el acceso a Internet de banda ancha al 70% de los hogares y 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), “conectar” 250 mil puntos públicos, y licitar dos nuevas cadenas de televisión digital (TDT) a la que se debe transitar para finales del 2015.
Esta voluntad reformista, empero, no ha terminado de cuajar: el principal avance es que se ha concretado el proceso de reforma y durante los siguientes años se verán sus efectos, para los que se espera cierto grado de conducción gubernamental en programas que dependen de él y en cómo se comportan los actores de la industria bajo el supuesto de que habrá competencia que favorezca la calidad y cobertura de los servicios.
El mismo informe presidencial indica que es muy probable que la Administración Peña Nieto llegue a su fin sin ver cumplidos algunos indicadores instalados en la constitución o señalados por el propio gobierno. Por ejemplo, en el acceso a Internet en hogares se menciona en el documento que actualmente el 26% de los hogares cuenta con suscripción a Internet y que para el 2018 se contempla llegar a un 50%, por lo que si esta meta se mide en términos de hogares con suscripción como hogares “conectados”, se estaría por debajo de la meta del 70%.
Otro ejemplo: la meta para el 2018 en usuarios de Internet es llegar al 65% de la población, y según las cifras oficiales, actualmente el 43% de los mexicanos usa Internet. Este rubro no figura como una meta constitucional, pero en términos de desarrollo social y económico es pertinente preguntar si ese crecimiento será suficiente para convertirse en un factor que detone la economía como se ha promovido en el mensaje de las reformas estructurales.
Las reformas por sí solas no son suficientes para convertirse en mejores resultados económicos o bienestar para las familias, por lo que es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los indicadores a lo largo del tiempo y si tienen un impacto en materia de crecimiento, productividad y desarrollo.
En pocas palabras, el mensaje enfatiza proyectos de infraestructura y desarrollo social vistosos, pero la apuesta “semilla” de la Administración Peña Nieto está en las consecuencias de las reformas. Sin duda estas acciones, como el nuevo aeropuerto, son bienvenidas, pero no por ello se le debe dar “avionazo” a otros proyectos derivados de las enmiendas constitucionales y nuevas leyes de sectores como el energético y el de telecomunicaciones.
Seguir la pista
El Segundo Informe de Gobierno reconoce que los logros han sido institucionales más que económicos. Los procesos completados son los que dan forma al nuevo marco jurídico y regulatorio, mientras que los de transformación del sector todavía están en proceso de planeación o dando sus primeros pasos. Repasemos algunos.
En lo institucional se presumen esencialmente tres: creación de IFT y nuevos tribunales especializados, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el proyecto México Conectado.
Con el IFT y los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica se tiene el objetivo de tener un regulador que pueda “recetar” regulación asimétrica a las empresas preponderantes o dominantes que no puedan ser suspendidas a través de amparos directos, es decir, para que los litigios no frenen las decisiones regulatorias sin que puedan ser evaluadas por un tribunal especialista.
El programa México Conectado comenzó en diciembre del 2013 y ha logrado “conectar” 40 mil puntos de 250 mil que se tienen proyectados. Parte de la inversión pública estimada para el 2014 en telecomunicaciones tiene qué ver con recursos satelitales (se proyectan 2 mil 978 millones de pesos) que dan servicio a puntos contemplados por este proyecto federal.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) contiene los lineamientos de las decisiones regulatorias que el IFT puede tomar. Estos temas provienen desde la reforma constitucional del 2013 y se retomaron en la “Ley Telecom” con algunos cambios en materia de fusiones, regulación asimétrica a preponderantes.
La “Ley Telecom” y la transición a la Televisión Digital Terrestre son puntos cuyo desarrollo será a mediano plazo, mientras que el despliegue de la “red compartida” a través de la red troncal de fibra óptica y una red mayorista de servicios móviles en la banda de 700 MHz vendrán como proyectos a largo plazo.
Así, en la “Ley Telecom” nos topamos con las reglas para telefonía. Una de las más polémicas fue la decisión de eliminar la larga distancia a partir del 1 de enero del 2015, proceso que ya estaba en curso, pero que ahora se “hizo ley”. Entre otras medidas está el que los usuarios de prepago puedan checar su saldo sin costo, recibir equipos desbloqueados y para usuarios en general el hacer el cambio de operadora portando el número en un plazo de 24 horas. Cabe recordar que algunos procesos como el desbloqueo y la portabilidad numérica vienen de políticas tomadas por el anterior regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
En el tema de la regulación a preponderantes, los retos inmediatos son los esfuerzos de ambos grupos por evadir, combatir o abandonar su condición de agentes económicos preponderantes (participación de más del 50% en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones). Las fusiones (o especulaciones sobre ellas) también se desprenden de cómo se estructuran en la LFTR.
En materia de TDT, la Secretaria de comunicaciones y Transportes ha entregado 93 mil 907 televisiones digitales de los 13.8 millones de unidades que prevé entregar antes del 31 de diciembre del 2015, cuando debe realizarse el apagón analógico.
Con la TDT se está liberando la banda de de 700 MHz, sobre la que se construirá la parte inalámbrica de la “red compartida”, pero no inicia aún el crecimiento de una red troncal de fibra óptica que la complemente. En el informe se estima que este proyecto requerirá una inversión de 10 mil millones de dólares durante la siguiente década.
La conclusión en este informe de gobierno es que los proyectos que en teoría traerán beneficios económicos todavía están en una fase de planeación o primeros pasos, y que de ahora en adelante no sólo dependerá de lo que haga la esfera gubernamental, sino cómo se comporte la industria y actores relacionados.
Los resultados de este informe de gobierno forman una fotografía “preliminar” y en los próximos años deberán materializarse los beneficios de las reformas. Aunque el mensaje actual busca posicionar nuevos proyectos de “relumbrón”, como el aeropuerto, no se debe dar el “avionazo” a reformas como la de telecomunicaciones, pues estos cambios constituyen una de las promesas centrales de la administración, misma que deberá ser evaluada por la ciudadanía con base en sus efectos.
Foto portada (cc) Domiriel
