En esta semana, el proyecto de la red compartida en México recibió dos señales muy interesantes: una propuesta de un consorcio para operarla y, por otro lado, las críticas de varios detractores que aseguran que el proyecto nace muerto.
Fuentes anónimas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han confirmado que un grupo envió una propuesta para ser el operador de esta red, que aprovechará el llamado “dividendo digital” en la banda de 700 MHz que dejará la transición a la Televisión Digital Terrestre.
Aunque la propuesta no se conoce públicamente, algunos comentaristas y analistas del sector han señalado que los proponentes están asesorados por las firmas de telecomunicaciones Alcatel-Lucent y Ericsson.
Lo que resulta llamativo es que incluso en artículos de opinión en donde se reconoce abiertamente que se ignora la propuesta se especula sobre quiénes participan o asesoran a los proponentes. Incluso se sugieren conflictos de interés de ex funcionarios. La parte más espesa de estos editoriales, sin embargo, es la crítica al modelo de la red derivado de un reporte publicado en septiembre.
Las municiones de estos comentarios provienen de las conclusiones e hipótesis planteadas por un reporte hecho para la Asociación GSM (GSMA), que es una organización de operadores a nivel mundial dedicada a promover el estándar GSM para telefonía móvil. El reporte titulado “Evaluando el caso de Redes Mayoristas Únicas en comunicaciones móviles” (Assesing the case for Single Wholesale Networks in mobile communications) contiene información muy interesante sobre los beneficios de red y una evaluación previa a los proyectos de “redes compartidas” en diversos países: Rusia, Sudáfrica, México, Ruanda y Kenia. Vale la pena destacar que estos proyectos no han triunfado ni fracasado, ya que se encuentran todos en fase de planeación. Vale la pena recordar de entrada que la postura de la GSMA es que estos modelos de “red compartida” planeados para estos países tendrán un efecto anticompetitivo.
Primero que nada, ¿en qué consiste la red compartida y qué ventajas le atribuyen?
La Constitución mexicana ordena la creación de una “red pública compartida de telecomunicaciones”, figura que es definida en el reporte de la GSMA como una Single Wholesale Network (SWN) cuya traducción sería una Red Única Mayorista. A este proyecto se le refiere como “red compartida” simplemente, o como “red abierta”, aunque este último término tiende a ser impulsado por sus proponentes.
El plan en México es usar la banda de los 700 MHz, el dividendo digital que queda luego de completar el “apagón analógico” y a su vez aprovechar como backbone la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta red móvil y su parte alámbrica deberán completar una red que cubra al 98% de la población entre el 2014 y el 2018.
Pero esta red no es una iniciativa de la industria, sino del Gobierno. La idea detrás de esto es que con este esquema la red no queda bajo el control o influencia de los operadores actuales y tiene el propósito de dar cobertura total a la población incluso en zonas en las que los operadores privados no tienen incentivos para invertir.
Además, esta red sólo podría ser mayorista, es decir, “vendería” su capacidad a otros operadores, con lo que se incentivaría la creación de un mercado secundario de espectro que puede ser aprovechado por Operadores Móviles Virtuales (OMV).
La red compartida, en resumen:
- Iniciativa desde el Gobierno enfocada en cubrir al 98% de la población para aumentar conectividad a banda ancha y servicios de telecomunicaciones.
- Proyecto para desplegar infraestructura en poblaciones “no atractivas” para la inversión privada.
- Infraestructura fuera de las manos de un solo operador móvil.
- Reducir barreras de entradas para OMV.
¿Cómo se financiaría la red compartida?
A diferencia de versiones que promueven que se está creando un nuevo monopolio de red desde el gobierno, el esquema previsto es el de Asociación Público Privada. Aunque esta relación deberá detallarse en el proceso de licitación, la figura implica la participación de una firma privada en este proyecto público, por el cual tendrá que recibir un retorno de su inversión. Tanto el Gobierno como el socio privado deben aportar recursos para desarrollar el proyecto.
El costo calculado de la red compartida para un periodo de 10 años ronda los 10 mil millones de dólares, aproximadamente 130 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno mexicano aportaría aproximadamente 39 mil. En términos de infraestructura, se requerirían de alrededor de 8 mil 200 radiobases, según la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Entre los “tiradores” de este proyecto la prensa ha mencionado a Ericsson, Cisco y Huawei.
¿Qué nos dice el reporte de la GSMA?
Antes que nada, que no hay una definición universal de las “redes compartidas” (SWN). Hay tres denominadores que las propuestas de estos proyectos muestran:
- Son iniciativas de gobierno enfocadas a servicios mayoristas.
- Tienen cierto grado de propiedad gubernamental.
- Abarcan toda una frecuencia espectral, es decir, toda una banda. Esto porque en teoría es un esquema más eficiente y que aumenta la cobertura.
Una definición tentativa sugerida en el reporte es la siguiente:
Y aunque se conceptualizan estos modelos como una especie de monopolio, la GSMA observa que estas redes llegan en un momento en el que la mayoría de los países han optado por esquemas de competencia entre redes privadas, por lo que el esquema de SWN se delimita como un monopolio ejercido en una banda de frecuencias que no desplaza automáticamente la competencia entre redes en el sector. En ese sentido, el reporte enumera tres escenarios:
Escenario uno, dominancia del SWN: ocurriría si bajo la SWN se agrupa el mejor espectro para servicios más avanzados (LTE), por ejemplo, y los operadores terminan por ceder al no poder mejorar sus redes o no tener acceso a más (o mejor) espectro. En este supuesto, las redes privadas terminarían siendo absorbidas, creando un nuevo monopolio.
Escenario dos (intermedio), SWN como competidor: coexistencia entre este modelo y el resto de los operadores. Se necesita que estos últimos sigan teniendo acceso a espectro atractio. La SWN alojaría entonces a OMV, o incluso a los operadores establecidos si los beneficios y precios son atractivos y representan menos costos.
De este escenario es importante destacar que la GSMA admite que una SWN no significa el fin de la competencia de redes:
Evidentemente, esta es la apuesta “en papel” para el caso de la red compartida en México, y la tarea está en cómo reducir el impacto de la distorsión que señala GSMA.
Escenario tres, falla la SWN: ocurriría si los operadores no utilizan la SWN y los OMV tampoco. En este caso, el esquema no resulta sostenible, por lo que la infraestructura y el espectro se reasignan a los operadores privados.
La GSMA concluye que sólo si se cumple el Escenario 1, México o los demás países estarían despidiéndose de la competencia entre redes.
¿Por qué nos dicen que es un proyecto muerto?
Como se establece en el propio estudio, aún no hay evidencia a favor o en contra de la “red compartida”. El reporte de la GSMA es muy valioso porque expone evidencia de los beneficios de la competencia entre redes (aunque menciona en menor medida la importancia de los acuerdos de compartición entre operadores privados) y menciona que el esquema SWN no desplaza de entrada la competencia. Una alternativa que sugiere la GSMA para satisfacer los objetivos de las SWN, como en regiones “poco atractivas” es precisamente el despliegue de ¡redes compartidas!, pero siempre y cuando vengan de acuerdos de compartición de redes entre los operadores privados.
Más que hablar de riesgos, el reporte de GSMA expone retos que tienen en el corto plazo estos esquemas, así como algunas proyecciones e hipótesis. De estas destacan dos hipótesis que abarcan prácticamente todos los ángulos de las SWN en el reporte.
H1: Si no atrae tráfico, la “red compartida” será inviable. El éxito o fracaso de estos proyectos está en lo atractivos que serán para operadores móviles y OMV, es decir, de ofrecerles algo que no tengan o que sea costoso por su cuenta.
H2: el proyecto tendrá trato preferencial del gobierno. Esto puede traducirse en movimientos que busquen beneficiar de origen a la “red compartida” a través de asignación de espectro para LTE, subsidios artificiales a la red para hacerla más atractiva, contratos gubernamentales garantizados y uso de infraestructura gubernamental.
El estado actual en México
La segunda hipótesis es elemental para el caso mexicano, pues para la primera aún no se tienen datos, información o propuesta conocidas con más detalle. En este caso hay tres aspectos clave: acceso de operadores privados a espectro para servicios avanzados, como LTE; subsidios directos o indirectos a la red; y los contratos gubernamentales.
En el caso de México dos operadores tienen ya cierto despliegue de LTE: Telcel y Telefónica Movistar. Aunque Telcel va más adelantado, ambas empresas reconocen que están enfocadas en áreas de mayor demanda y generalmente se favorecen planes de pospago sobre esquemas de prepago. Es decir, las redes LTE privadas comienzan apenas en México y están buscando ser rentables.
Sin embargo, estos operadores probablemente necesitarán ampliar su acceso a más espectro para satisfacer la demanda en el corto y mediano plazo. De momento, la información disponible indica que estos operadores ofrecen LTE a través de la banda AWS (1.7/2.1GHz). Iusacell no tiene concesionado espectro en esta banda, y Nextel sí, aunque esta última firma no ofrece LTE.
Al revisar la tenencia del espectro en México, los operadores tienen concesiones en frecuencias por las que se puede desplegar LTE: la Banda Celular (824-849 MHz y 869-894 MHz), AWS, y PCS (1.9 GHz). Además, tanto en la Banda Celular como en AWS aún hay espectro libre, un promedio de 7.5 MHz a nivel nacional para la primera y 30 MHz a nivel nacional para la segunda. Desde luego, un punto importante para una siguiente ronda de licitaciones sería levantar o eliminar el tope de espectro fijado en 80 MHz por operador.
Fuente: COFETEL, 2012 (elaboración propia)
En suma, los operadores no están enfrentando una restricción de acceso a espectro en general, ya que la “red compartida” en México va sobre la banda de 700 MHz y los operadores aún tienen en promedio 37 MHz aprovechables a nivel nacional y el Gobierno debe determinar qué sucede con la capacidad disponible en la banda de 2.5 GHz. Un punto destacable es que estas bandas son más altas y requieren de más infraestructura para sustentar redes.
En cuanto a los subsidios, los indirectos serían el acceso a la infraestructura de los inmuebles gubernamentales, lo que representa una ventaja clara frente a los operadores privados. En tanto, el subsidio directo está momentáneamente estimado en 39 mil millones de pesos, mientras que el socio potencial pondría el resto, para completar un estimado de 130 mil millones de pesos en total en 10 años.
La tarea pendiente, desde luego, está en garantizar que esta red no se convierta en el proveedor preferencial de las dependencias del gobierno, ya que esto distorsionaría directamente la competencia y establecería una manera para hacer “por decreto” viable la red compartida en México.
Este modelo de red tendrá en México una prueba interesante y el debate es bienvenido. Se debe poner atención al desarrollo de las SWN y no saltar a conclusiones antes de que la evidencia vaya surgiendo desde la ejecución de estos proyectos que probablemente se verán dentro de este lustro.
Foto (cc) UWW ResNET
