En mayo de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió, a partir de un caso particular, que los motores de búsqueda tendrían que hacerse responsables del tratamiento de los datos personales de ciudadanos europeos que fueran mostrados en sus resultados. Por lo tanto, cualquier persona podría solicitar que tales datos fueran desindexados y cada motor decidiría de acuerdo a sus propios criterios.
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La decisión del tribunal, si bien estuvo orientada a proteger los datos personales de los ciudadanos europeos, representó un factor de desequilibrio importante para el ecosistema de Internet. Inclusive, organizaciones como Artículo 19 y Global Voices notaron el evidente conflicto que existe entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión.
En este contexto se desarrolló en Madrid la primera sesión pública del Consejo Asesor que Google creó para estudiar las solicitudes en torno al tema. De acuerdo con el diario británico The Guardian, la nota la dio Montserrat Domínguez, quien forma parte de The Huffington Post y es vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos. Para Domínguez, el derecho al olvido es en realidad un falso derecho que obstaculiza el ejercicio de otros, como el derecho a la libertad de expresión.
Remover o desindexar información va en contra de los derechos de los ciudadanos a acceder a la información y es contrario a la transparencia. La transparencia es algo que exigimos a nuestros gobiernos, nuestras ONG y nuestras instituciones. Esto crea vacíos de información. Se trata de un falso fallo de la corte sobre un falso derecho.
Tanto Domínguez como el presidente de la Asociación Española de Usuarios de la Comunicación, Alejandro Perales, coincidieron en que las solicitudes de derecho al olvido deberían ser evaluadas no solo por Google, sino también por organizaciones ciudadanas. La preocupación de ambos es que este derecho puede ser utilizado como un medio idóneo para la impunidad.
Al respecto, quien fuera Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, manifestó que otro de los conflictos del derecho al olvido tiene que ver con el derecho a la verdad. Reconoció también que existe “un área gris” en esta nueva regulación, especialmente cuando se trata de personas que hayan sido condenadas por cometer abusos sexuales o infantiles.
La próxima sesión pública del consejo asesor tendrá lugar en Roma, este 10 de septiembre y se espera que la polémica en torno a tan importante asunto continúe. No se puede perder de vista que el derecho a la protección de datos personales encuentra límites. Uno de ellos se refiere a la publicación de información de interés público, como ocurre con el desempeño de funcionarios públicos. Otro, que es el señalado por La Rue, está relacionado con el derecho a la verdad que tienen las víctimas de abusos sexuales.
