Los incentivos para que una empresa de telecomunicaciones o basada en Internet vulnere la privacidad de las comunicaciones de sus usuarios pueden ser muy variados. Van desde aquellos motivados por razones comerciales hasta los que se originan en lo que estipula el marco jurídico de una nación.
Parte de la solución puede encontrarse en la enmienda de algunas de estas leyes. De esta forma, aunque las empresas cuenten con la tecnología suficiente para llevar a cabo tareas de vigilancia masiva, los gobiernos no podrán exigirles –por medios legales– que lo sigan haciendo.
De acuerdo con la Electronic Frontier Foundation (EFF), el senador estadounidense Patrick Leahy busca disminuir los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por medio de una iniciativa de ley conocida como USA Freedom Act 2014. Si bien se trata de una noticia positiva, la organización reconoce que el proyecto podría ser mejorado.
Uno de los aspectos clave de esta iniciativa es que pretende terminar con la recolección masiva de información relacionada con las comunicaciones telefónicas de los ciudadanos estadounidenses. Sin duda es un paso más firme que los que hasta el momento ha dado la administración de Barack Obama.
Además, la iniciativa intenta limitar el poderío desproporcionado de la ley FISA, que ha sido de especial utilidad para los fines de la NSA. Entre los cambios planteados se incluye la creación de un nuevo puesto para un defensor, que resguarde la privacidad y los derechos de los usuarios, así como la desclasificación de algunas decisiones que hayan sido tomadas bajo el amparo de esta ley.
A pesar de lo anterior, esta iniciativa falla en modificar la sección 702 de la ley FISA o la Orden Ejecutiva 12333, instrumentos que han validado la vigilancia masiva –incluso a ciudadanos extranjeros– por parte del gobierno de Estados Unidos. Probablemente en el Senado, el debate se centre en la colisión entre la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos, como suele ser costumbre.
