Poco antes de las 6 de la mañana del sábado 5 de julio, la Cámara de Senadores de México aprobó la iniciativa de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Con este paso, únicamente es necesaria la aprobación de la Cámara de Diputados -prevista para este martes- para que la nueva ley de telecomunicaciones pueda ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que entre en vigor.
La propuesta legislativa contempla reformar 11 leyes vigentes en el país y expedir dos nuevas: la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión -o #LeyTelecom– y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. La primera ha recibido mayor atención entre la opinión pública, dadas sus amenazas a la neutralidad de la red y a la privacidad de los usuarios. Sin embargo, contempla otros temas que merecen atención.
Neutralidad de la red y cooperación con la justicia
Durante su paso por el Senado mexicano, la iniciativa originalmente enviada por el presidente Peña sufrió algunas modificaciones en estos dos temas. Si bien la redacción mejoró notablemente en el tema de neutralidad de la red, la utilización de la tecnología para intentar combatir el crimen deja huecos alarmantes con respecto a los derechos de los usuarios.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hace una lista de 6 puntos preocupantes al respecto, destacando temas como la geolocalización en tiempo real, el almacenamiento de datos personales y el acceso a los mismos sin mayores controles judiciales:
Hay que recordar que la tecnología puede ayudar a combatir el crimen, pero siempre es necesario contar con el consentimiento de un juez. En caso contrario, los incentivos para que el Estado abuse del poder con el que cuenta son grandes, incluso en contra de activistas.
Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)
México se encuentra en el proceso de transición a la TDT desde 2004. Sin embargo, no fue hasta 2010 que se estableció el 31 de diciembre de 2015 como la fecha para terminar con las transmisiones de televisión en formato analógico a nivel nacional.
La transición trae consigo beneficios como una mayor cantidad de espectro radioeléctrico disponible para servicios de telecomunicaciones móviles o la posibilidad de sintonizar más canales de programación en el mismo espacio que era utilizado por un solo canal analógico. Si bien es un paso importante para el país, se trata de un proceso que ha generado dudas con respecto a su impacto ecológico.
El artículo décimo noveno transitorio del decreto que expedirá la ley está dedicado en exclusiva a este tema. Además de respetar la fecha para la terminación de las transmisiones analógicas de televisión -o apagón analógico-, sienta las bases para que el programa de entrega de receptores y televisores continúe vigente:
Un punto importante es que, a diferencia de lo establecido por la política de transición expedida en 2004 y modificada en 2012, el apagón analógico en una ciudad podrá llevarse a cabo cuando el 90% de la población de escasos recursos -definida por la Secretaría de Desarrollo Social- cuente con receptores compatibles con la TDT. Anteriormente, el requisito para terminar con las transmisiones analógicas de televisión era que ese 90% fuera medido entre toda la población capaz de recibir señales de televisión abierta.
Desaparece la larga distancia nacional
Este es probablemente uno de los puntos que más publicidad recibió en los días recientes. Se trata de uno de los beneficios que difícilmente puede ser discutido y se encontrará garantizado por el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, si es que no recibe modificaciones:
El cambio, que resulta positivo para muchos usuarios, no sucederá de un día para otro. El plazo para que las tarifas por larga distancia nacional dejen de aplicarse es el 1 de enero de 2015, a más tardar.
Lo que viene
Es probable que la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados no registre modificaciones y sea aprobada este mismo martes en una sesión extraordinaria. De ser así, la promulgación del paquete de leyes y su publicación en el Diario Oficial de la Federación serían los últimos pasos de este proceso legislativo que -en teoría- comenzó con la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada en junio del año pasado.
Sin embargo, no se descarta que la polémica en torno al tema siga vigente incluso después de la entrada en vigor de la legislación secundaria. Diputados y senadores de diversos partidos han manifestado públicamente su desacuerdo con el paquete de leyes y amenazan con interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que alargaría el proceso por algunos meses más.
