Ayer fue presentado el reporte sobre el derecho a la privacidad en la era digital, producido por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya titular es Navi Pillay. El documento se enfoca en las prácticas de vigilancia masiva de distintos gobiernos a nivel internacional y resalta la colisión que presenta con el ejercicio de derechos humanos en Internet.
El reporte tiene importancia porque refuerza las ideas que han surgido desde que se revelaron las conductas de la NSA de Estados Unidos gracias a Edward Snowden. Además, sienta un precedente importante para combatir por la vía legal algunas disposiciones que validan estas prácticas, como lo es la recientemente publicada ley de telecomunicaciones de México.
La comunidad internacional recibió con agrado el anuncio y el contenido del reporte. La Electronic Frontier Foundation (EFF) publicó un análisis preliminar en el que resalta algunos de los puntos más notables del documento. Entre ellos se encuentra la importancia que tiene la recolección de metadatos y la necesidad de cumplir con medidas que aseguren que la vigilancia es una medida necesaria y proporcional.
Desde Chile, en Derechos digitales hacen un análisis similar, remarcando la importancia de que estas conductas cumplan con estándares internacionales para su aplicación. De esta forma, se puede ayudar a prevenir que se cometan abusos al momento de utilizar herramientas de vigilancia masiva:
Una organización que también se manifestó a favor de esta publicación es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Entre otros puntos, APC resalta la importancia que da el reporte de Pillay al modelo de múltiples partes interesadas para la gobernanza de Internet, como uno de los medios para solventar temas relacionados con la privacidad en Internet.
De esta forma, el reporte confirma lo que se ha puesto en entredicho desde el año pasado. La vigilancia masiva no debe ser ejercida sin controles judiciales y se trata de un conjunto de medidas que deben ser tratadas como excepcionales. Incluso refuerza las críticas al uso de este tipo de herramientas para combatir al crimen sin mayor consideración. No hay que perder de vista que lo que se encuentra en juego es el ejercicio de los derechos humanos en Internet.
