Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la directiva de retención de datos vigente en aquél continente, fue muy claro: tales disposiciones infringen el derecho a la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, naciones como el Reino Unido continúan recolectando este tipo de metadatos.
La influencia de estas medidas ha sido parcial. En países como México, la idea de contar con un registro de los datos de las comunicaciones móviles de todos los usuarios del país fue tan tentadora que decidieron incluirla en su nueva ley de telecomunicaciones. En Australia, el fiscal general, George Brandis, ha propuesto actuar de manera similar, según informa The Sydney Morning Herald.
Poco importa que el Tribunal Europeo ya no considere como válidas estas medidas. Tampoco que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos haya publicado un reporte que considere que la retención de datos no es necesaria ni proporcional. El argumento de ofrecer seguridad a cambio de eliminar la privacidad, ha seducido a muchos, a pesar de los riesgos que esto implica.
Técnicamente, el principal problema de la retención de datos se refiere a la infraestructura necesaria para almacenarlos de manera segura. Si la medida fuera implementada en Australia, tendría un costo anual que oscilaría entre los AUD $500 millones y AUD $700 millones, es decir, entre USD $465 millones y USD $650 millones. Para las operadoras de telefonía móvil australianas, esa es una cantidad que no piensan pagar.
Claramente, una parte del problema se encuentra en los factores técnicos. Las operadoras también argumentan que no cuentan con personal especializado para un adecuado tratamiento de los datos, dado que no suelen emplear tácticas de vigilancia masiva. Por esto es que buscan que si tanta es su insistencia sea el gobierno quien se encargue de esta manipulación.
Fuera de los aspectos económicos, que evidentemente importan, hay espacio nuevamente para el debate entre seguridad y privacidad. La retención de datos y cualquier tipo de intervención a las comunicaciones privadas puede ayudar a combatir el crimen.
Sin embargo, no se trata de soluciones totalmente eficaces y, en las manos equivocadas, pueden llevar a abusos como la persecución política. Por esto es que deben privilegiarse métodos alternos y, en caso de ser necesario, recurrir a este tipo de tácticas, pero como una medida excepcional y no como una regla.
