A mediados de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los motores de búsqueda debían cumplir con el derecho al olvido, al ser responsables del tratamiento de los datos personales de las personas que aparecían en sus resultados de búsqueda. Se trató de una decisión controvertida, por colocar una responsabilidad adicional a los intermediarios, en vez de solventar el problema de raíz.
Google, al ser el buscador más popular, implementó una solución prácticamente de inmediato. Sin embargo, el principal problema no ha sido el tiempo de respuesta de esta y otras empresas –Microsoft apenas se sumó a través de Bing-, sino el margen de discrecionalidad otorgado a los buscadores para decidir sobre las solicitudes que reciban.
¿Dónde aplicar el derecho al olvido?
Una de las caras más legales del derecho al olvido tiene que ver con su aplicación a nivel internacional. Es claro que la decisión proviene de un tribunal radicado en Europa; no obstante, parece que no existe la misma certeza en cuanto al límite que se debe imponer a su implementación.
Recientemente, Google fue llamado a cuentas por -en pocas palabras- entorpecer el derecho al olvido. Se le acusa de matar el espíritu de la regla al desindexar los resultados únicamente en sus versiones europeas -como google.es o google.uk-, pero no en su sitio internacional -google.com-.
Queda claro que, técnicamente, la empresa tiene la capacidad de eliminar algunos de sus resultados de búsqueda en cualquiera de sus sitios. Sin embargo, existe un choque evidente entre el modelo virtual y tangible de las jurisdicciones. Mientras un tribunal europeo puede ordenar medidas en el mundo offline que únicamente afectan a los ciudadanos de ese continente, las acciones emprendidas por una empresa como Google tienen consecuencias para la Internet global.
Las implicaciones no se limitan al punto anterior. El debate despertado en Europa con motivo del fallo del TJUE puede comenzar a inspirar a las legislaturas de otros países. Chile es el mejor ejemplo, ya que en el Senado de aquél país fue presentado un proyecto de ley para hacer realidad el derecho al olvido.
Censura en Internet
Tal vez el aspecto más criticado en torno al derecho al olvido es la colisión que tiene con la libertad de opinión y expresión. A pocos días de la decisión del TJUE, la organización Artículo 19 expresó que el derecho al olvido pone en riesgo la libertad de opinión y expresión de los usuarios de Internet.
El riesgo más evidente se encuentra en que la entidad que decidirá si un enlace se retira de los resultados de búsqueda -o no- será el propio buscador y no una autoridad judicial. En estos casos, los incentivos para que un motor de búsqueda ejerza censura no se encuentran claros, abriendo la puerta a un debate interminable en el que chocan los intereses políticos -o incluso económicos- y los derechos digitales. El diario británico The Guardian fue el primero en comprobar la existencia de este problema.
Google ha tratado de disminuir los riesgos por medio de la creación de un Consejo Asesor, que produzca lineamientos generales en torno al tema. Se trata de un reconocimiento implícito de lo delgada que es la línea entre el derecho al olvido y la censura en Internet.
El derecho a la verdad
Durante la más reciente edición de la Reunión Preparatoria de América Latina y el Caribe para el Foro de Gobernanza de Internet (LACIGF 7), Frank La Rue ofreció una conferencia sobre derechos humanos en Internet. En la ronda de preguntas, surgió el tema del derecho al olvido y, de manera interesante, el relator especial para la libertad de opinión y expresión de la ONU ligó el tema al derecho a la verdad.
El derecho a la verdad está relacionado con el derecho de acceso a la información. Ha sido importante en casos de desapariciones, donde tener acceso a la verdad ha sido catalogado como el primer paso para tener acceso a la justicia. Una evolución de la idea sugiere que existe una colisión importante entre este derecho y el derecho al olvido.
Un debate que apenas nace
Europa es la región que ha liderado el debate en torno al derecho al olvido. Sin embargo, aún ahí las implicaciones del tema son aún discutibles. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, el tema se encuentra ligado de manera importante a la protección de datos personales y al manejo de la información pública gubernamental, pero no ha sucedido un debate público amplio. La decisión del TJUE ha disparado un debate que se mantendrá vigente durante los próximos años.
