Que un gobierno ofrezca directamente el servicio de acceso a Internet a la población es visto como algo benéfico. En este escenario, la cobertura social es una de las principales ventajas, debido a que una empresa estatal busca ofrecer el servicio a todas las poblaciones, mientras que los ISP comerciales lo suelen buscar solamente para los poblados que resultan comercialmente atractivos.
Este tipo de disposiciones son positivas, porque fomentan la disminución de la brecha digital. No obstante, también enmarcan el riesgo de abusos por parte de las entidades gubernamentales encargadas de operar las redes o de regular su funcionamiento. El bloqueo venezolano al servidor de imágenes de Twitter constituye un ejemplo de estos casos.
En Venezuela, el gobierno actúa directamente ante los usuarios como proveedor de servicio de Internet (ISP) a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Sin embargo, esta es no la única opción para los usuarios de aquel país, ya que también pueden acceder a Internet por medio de operadores comerciales.
Además, este esquema podría ser visto como una solución a los problemas de vigilancia masiva por parte de otros Estados, al evitar que los usuarios se conecten a Internet a través de ISP que obedezcan a intereses extranjeros. Sin embargo, el hecho en sí mismo otorga incentivos para que el propio gobierno monitoree y controle -incluso con mayor facilidad- los contenidos que circulan por sus redes, sea con fines de censura o de vigilancia masiva de las comunicaciones.
El derecho a la libertad de opinión y expresión se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cabe notar que este derecho puede ser ejercido “sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En este sentido, la libertad de expresión en Internet no crea un derecho nuevo, ya que se trata del ejercicio de este derecho en uno de tantos medios.
Brecha digital
Cuando los gobiernos buscan expandir el acceso a Internet en sus países, comúnmente enfocan sus esfuerzos en tres aspectos. Uno de ellos es desplegar la infraestructura necesaria para conectar a los ciudadanos, lo cual involucra a medios alámbricos -como la fibra óptica– e inalámbricos.
Otro rubro es la disponibilidad de dispositivos capaces de conectarse a Internet, como computadoras, teléfonos inteligentes o tabletas. Para cerrar el círculo, algunos Estados implementan campañas de alfabetización digital, con el fin de que los potenciales usuarios cuenten con las habilidades necesarias para aprovechar al máximo las aplicaciones digitales.
Es fundamental que cualquier esfuerzo enfocado en expandir el acceso a Internet preserve la naturaleza abierta y neutral de la red. En particular, es importante prestar atención al papel que juega el Estado en cualquier país, ya que puede obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión sin importar si actúa como operador o como regulador.
