El alcalde de Ecatepec, Pablo Bedolla, ha declarado que la policía del municipio contará con cinco aeronaves no tripuladas -conocidas comúnmente como drones– para vigilar la zona. Cada uno de estos dispositivos contará con cuatro cámaras de vídeo de hasta un kilómetro de distancia y permitirá la vigilancia en tiempo real en sitios de difícil acceso o en manifestaciones multitudinarias.
El uso de drones en la vida cotidiana es un tema sensible. Más allá de la visión futurista de Amazon con las entregas a domicilio, en el día a día se emplean por los gobiernos para labores de monitoreo y vigilancia. Un drone es, en palabras de Danae Tapia y Francisco Vera de la ONG Derechos Digitales, “una cámara de seguridad con alas, capaz de vigilar y registrar todas las conductas que efectuamos al aire libre.”
¿Por qué los drones son un problema? Nuevamente, no es la tecnología sino la forma en que se implementa lo que debe ser cuestionado. En el caso de México, los drones han sido empleados, en primer lugar, por el ejército para labores de espionaje contra el crimen organizado o en vigilancia -en coordinación con el gobierno de Estados Unidos- para frenar la migración en la frontera.
También los gobiernos locales -especialmente, el del Distrito Federal- han aprovechados estas aeronaves para vigilar manifestaciones (como la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en octubre de 2013). Para los gobiernos, los drones forman parte del discurso de que una mayor vigilancia redunda en mayor seguridad. Por supuesto, la privacidad se deja fuera de la ecuación.
En el caso de México, un país donde la vigilancia masiva y sin rendición de cuentas es un peligro latente, el uso de drones para labores policiacas es fácilmente corruptible. Porque, dada su autonomía y capacidad de maniobra, estas “cámaras con alas” podrían ser usadas contra cualquier persona (un activista, un disidente político, un periodista). No es paranoia: es un riesgo real en un país -y en el caso del Estado de México, una entidad- susceptible de ser infiltrado por el crimen organizado o que persigue intereses particulares.
Sin regulaciones en la materia (¿quién resguarda las imágenes recabadas?, ¿cuánto tiempo se conservan?, ¿para qué se utilizan?), presumir la adquisición de drones para vigilancia no debería ser motivo de aplausos y vítores, sino de cuestionamientos severos.
Link: La Jornada
