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El proyecto de Ley de Televisión Digital sigue en trámite en el Senado y la semana pasada (el 15 de junio exactamente) obtuvo suma urgencia de nuevo, lo que significa que el parlamento tiene 10 días para decidir sobre el proyecto. Haciendo un breve recuento, recordemos que Chile eligió la norma japonesa de Televisión Digital Terrestre (TDT) hace 2 años, pero el sistema no ha podido implementarse porque se requieren cambios en la ley.
Recordemos además que hace algunos meses se introdujo un párrafo que permitiría a los canales de TV abierta crear señales de pago usando espectro electromagnético que es público. En este contexto, les dejamos esta columna del actor Jaime Mondría y la socióloga y doctora en comunicación, Chiara Sáez.
El proyecto de Ley en trámite en el Senado presenta una serie de debilidades y falta de garantías para el adecuado ejercicio del derecho a la comunicación por parte de los ciudadanos. Preocupa particularmente el juego comunicacional del Gobierno – a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones – y por otro lado los grandes canales de televisión agrupados en Anatel.
Mientras el Presidente en el discurso del 21 de Mayo dice que la TV Digital será gratuita, Anatel defiende el modelo de TV pagada y se alista para cobrar a los usuarios por la visión de los contenidos.
Si los Senadores despachan sin modificar el proyecto tal cual ha llegado de la Cámara Baja, atentarían gravemente contra un desarrollo democrático de la digitalización y condenarían al país a un sistema televisivo menos diverso, menos representativo y más comercial que el actual.
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Los componentes más perjudiciales de la ley
Las concesiones indefinidas, el 50% de pago de la televisión abierta, y el hecho que un mismo concesionario pueda tener dos concesiones de espectro en una misma zona geográfica de cobertura, constituyen parte de la letra chica del proyecto: aquello de lo que no se habla demasiado -incluso hasta se niega en público- pero que es nuclear a una ley que sólo busca generar un plan de negocios en el espectro electromagnético.
La preocupación por estas materias forma parte de las demandas ciudadanas que no han sido acogidas ni por el Gobierno ni por el Parlamento.
Con respecto al tema de las concesiones indefinidas, se trata de una reivindicación que ha defendido Anatel desde un principio. Más aún, algunos canales demandan derechos de propiedad sobre las concesiones. Lamentablemente, el gobierno actual y el anterior han sido incapaces de plantear una respuesta de Estado ante ella. Y ahora no sólo tenemos a los antiguos canales públicos (TVN y universitarios) haciendo este reclamo, sino que al menos Megavisión también reclama este derecho. Recordemos que el espectro radioeléctrico es un recurso que pertenece a todos los chilenos y, por lo tanto, no se puede dar en propiedad a nadie.
Sin duda, algunos canales pueden tener derechos preferentes al momento de la transición de sus concesiones a digital, pero entre eso y las concesiones indefinidas hay mucha diferencia. Lo más grave es que de hacerse indefinidas estas concesiones, no existirían causales de revocación. Y esto no genera incentivos para que los canales de televisión mejoren su oferta o cumplan con las obligaciones de correcto funcionamiento. La mayoría de los actuales canales de alcance nacional tienen más de una concesión indefinida. De hecho, en conjunto, tienen más de 200. De proseguir el proyecto como está, estas más de 200 concesiones pasarían a ser indefinidas también en formato digital. Es de esperar que los Senadores puedan revertir esta situación.
Espectro y mercado
Se prevee que mientras dure el simulcasting (periodo necesario de emisión simultánea en analógico y digital para los canales ya existentes), en regiones como Santiago, Valparaíso y Concepción, se presentarían problemas de escasez de espectro por la cantidad de concesiones que habrá disponible para los nuevos operadores.
En concreto, durante los primeros años de la era digital, sólo habría capacidad para 5 nuevas concesiones de espectro en Santiago. A la hora de hacer efectiva la reserva del 40% para canales regionales, locales, culturales, educativos y comunitarios, sólo habría dos canales de este tipo en el principal centro urbano del país. Algo no cuadra bien: las expectativas son mucho más amplias que esto.
Sobre el dividendo digital, es decir, las frecuencias que quedan disponibles luego del apagón analógico, vale la pena hacer una reserva estratégica, es decir que no se puedan asignar para usos distintos a la teleradiodifusión. Esto es importante de señalar ya que se estudia la posibilidad de asignar una parte mayor de la disponibilidad para servicios de telefonía o banda ancha móvil.
Urgencia relativa
Uno de los principales argumentos de este gobierno y del anterior para poner suma urgencia al debate parlamentario, así como para legitimar el Decreto Supremo 264 (2010) son razones de penetración de mercado, pero sabemos que el número de televisores compatibles con la norma brasileña en Chile no supera los 400.000. Entonces el temido “apagón digital” es imposible que se produzca. Si consideramos el número de hogares en Chile de acuerdo al censo de 2002 (4,2 millones) y los datos del número de aparatos de TV por hogar de la última Encuesta Nacional de Televisión (2,4), tenemos como resultado que la urgencia que se está dando a este proyecto de ley beneficia apenas a un porcentaje de la población de un 6% al 10%.
Sobre este proyecto de ley existen demasiados intereses en juego. Al Senado le corresponde decidir a favor de qué intereses va a legislar. Lo que espera la ciudadanía de él es una defensa contundente del uso democrático del espectro.
