(cc) Miguel (respenda)
Tarde, mal y a rastras. Esta podría ser una buena manera de calificar el acuerdo al que llegaron en la tarde y noche de ayer el PSOE, el PP y finalmente CiU para aprobar la denominada ‘ley Sinde’ en la votación que se realizará hoy mismo en el Senado. Para llegar a ese entendimiento hubo que introducir algunos cambios sobre el texto original de la propuesta.
Los cambios implican la presencia de un juez más en el proceso, que será el que identifique la IP del sitio donde se estén vulnerando los derechos de auto a petición de la comisión investigadora.
El plazo de la autorización judicial para la identificación del acusado se reduce a 24 horas y una vez que el juzgado de lo contencioso de la Audiencia Nacional decreta el cierre no es posible volver a apelar ante este órgano. Este punto me resulta muy confuso, pero entiendo que en todo caso si se podría apelar a otras instancias judiciales españolas (Tribunal Constitucional y Supremo) y de la Unión Europea (como en el caso del canon digital).
Las reacciones no se han hecho esperar, y dejan las cosas igual o peor de lo que estaban. Así, mientras políticos y algunos artistas se felicitan por la aprobación (Alejandro Sanz no tardó en postear en su Twitter un expresivo «lo conseguimos»), blogueros e internautas se lamentan por la clara violación de los derechos ciudadanos que la ley supone.
Visiblemente satisfecha se mostraba la ministra que da nombre a la nueva norma, Ángeles Gónzalez-Sinde, que se felicita de que no haya habido cambios sustanciales en su propuesta originaria mientras asegura que «los usuarios tienen que tener absoluta tranquilidad».
Menos satisfecho se ha mostrado, también vía Twitter, Álex De La Iglesia. El presidente de la Academia del Cine, que ha jugado un confuso papel de mediador en el conflicto y entregó a la ministra una proposición de ley alternativa que no ha debido de ser muy tenida en cuenta, opina que la ley «no conviene a nadie» y la valoró como un «desastre».
Pocas cosas claras me quedan de todo este asunto: La primera es constatar una vez más como la clase política de este país no tiene el menor reparo en legislar contra la voluntad popular, que ha expresado muy claramente el rechazo a la ‘ley Sinde’. La segunda es que parece ser que lo importante era aprobar la ‘ley Sinde’ por encima de su más que dudosa legalidad o del hecho de que su eficacia (teniendo en cuenta anteriores resoluciones judiciales, la lentitud administrativa de la Justicia en España y la capacidad de las webs de descargas para saltarse impedimentos) parece más que dudosa.
Link: La ‘ley Sinde’ se salva sin «cambios sustanciales» (Público)
