Ayer, la red española vivió una jornada de protesta contra la censura, bastante particular: El cierre voluntario de populares webs de enlaces a descargas y streaming, en una suerte de rebelión contra la atrocidad que pretende aprobarse mañana “por debajo de la mesa”.
La jornada de ayer parece haber impactado a algunos políticos, al punto que según afirma el ElPaís.com, el Grupo Parlamentario Socialista y el de CiU (nacionalistas catalanes) negocian la introducción de una enmienda que suavice esta legislación, introduciendo un mecanismo de arbitraje ante el cierre de webs, según confirmaron fuentes del Gobierno y del grupo parlamentario.
Arbitraje independiente
Los parlamentarios que apoyan al Gobierno de Zapatero, para evitar el escándalo que significarían las protestas por la aprobación de la Ley antidescargas, se apuran en acordar la introducción de una enmienda transaccional que incluya la creación de un arbitraje independiente que mediaría entre la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs, y las propias páginas requeridas, antes de acudir a las instancias judiciales y el efectivo cierre de las webs, reseña El País.
Recordemos que en la redacción original de la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), la Comisión es la única encargada de tramitar las denuncias por las presuntas violaciones que realizan las páginas webs que enlacen o permitan la descarga de archivos (música, películas, videojuegos o software) protegidos por derechos de autor, en un procedimiento rápido, que incluye el bloqueo y el cierre de las «páginas infractoras».
La tutela judicial corre a cargo de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que deberá tramitar las denuncias de la Comisión en un plazo de cuatro días. Lo que se traduce como el cierre de sitios web por vía administrativa, sin posibilidad de apelación, ni juicio previo, y deja todo el poder en manos de un ente que se perfila entonces como censor y represor.
Lo que viene
La protesta de ayer, con el autocierre de las webs de enlaces a descargas y streaming, generó una reacción en los políticos y es que no es para menos: Cita ElPais.com, estas webs generan alrededor del 70% del tráfico de Internet en España y de hecho, en fuentes de los operadores de acceso a Internet (ISP) se señaló que el tráfico de datos podría haber caído ayer en torno al 50%.
Y precisamente eso era lo que buscaban: Impactar, despertar una reacción ciudadana. Una protesta en serio. Esperaban que con esa acción de cierre voluntario, los españoles al fin comprendieran las consecuencias de la Ley que se quiere aprobar en el Congreso, sin consultar la voluntad de la población y atendiendo a intereses económicos y políticos estadounidenses, según los cables revelados por Wikileaks.
Así que a 24 horas del que podría ser un día trágico para Internet en España, se asoma un rayo de esperanza: Los políticos no quieren más escándalos. Intentan una solución que logre frenar lo que bien podría ser un motín que sale de Internet y se desvirtualiza para generarles más “problemas”, justo cuando aún en los periódicos y telediarios se habla de la huelga de los controladores aéreos que no terminan de acallar…
Para evitar otra crisis política, además con amplia repercusión en los medios en días que se avizoran como de pocas noticias a reseñar: Normalmente en vacaciones navideñas los periodistas no tenemos “mucho” que contar. Una protesta por la Ley Sinde, por pequeña que sea, resultaría el tema del día en los medios, y un buen material a explotar por los periodistas de guardia en las redacciones… ¿Se imaginan si todos los que estamos en desacuerdo con la Ley salimos a la calle a protestar a una hora determinada?
Esperemos entonces a ver cómo se desenvuelve la jornada de hoy, de cara a un día histórico para el Internet en España, que bien puede tener repercusión en otros países que decidan «imitar» lo que acá se implante. Esperemos atentos, y sin perder la esperanza: Quizá no sea demasiado tarde para que los involucrados en esta jugada, que contraría los intereses de los ciudadanos, se retracten y no cometan un error político de dimensiones impredecibles.
Link: Pacto in extremis por la ‘ley Sinde’ (El País)
