Vaya polémica la que abrió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con su decisión sobre el derecho al olvido. Al declarar a los motores de búsqueda como responsables del tratamiento de los datos personales que aparezcan en sus resultados, creó –sin quererlo– un conflicto importante desde la perspectiva legal y desde un enfoque de derechos fundamentales.
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La colisión más fuerte se da entre el derecho a la privacidad –a través de la protección de datos personales– y el derecho de acceso a la información. Una de las principales preocupaciones, como lo ha externado la OSC Artículo 19, es que el derecho al olvido ofrece incentivos para ejercer censura en Internet.
Tomando en cuenta este contexto, la organización Global Voices ha publicado 4 preguntas en torno al tema, buscando que especialistas e interesados aporten sus respuestas. Las opiniones pueden aportarse en el blog de la organización o bien a través de correo electrónico.
Esta conversación estimuló a que nuestra comunidad le pida a los colegas –expertos en leyes de Internet de todo el mundo– que comenten el fallo y describan el impacto que ha tenido en los debates políticos de sus países.
Las preguntas planteadas por la organización exploran si la decisión del TJUE detonó discusiones locales acerca de este complejo tema. También buscan generar información particular para cada región, como lo es el tipo de contenidos que estarían en riesgo de ser censurados bajo un amparo mal entendido del derecho al olvido.
Existen numerosos retos importantes relacionados con este tema. Sin embargo, el más notorio en esta etapa del debate internacional se trata del equilibrio que debe existir entre la protección de los datos personales de los usuarios de Internet y el libre flujo de la información de interés público.
Desafortunadamente, de entre los diversos enfoques existentes, el máximo tribunal europeo eligió uno de los peores: dejar la decisión de cada caso en manos de las grandes firmas de tecnología que gestionan a los motores de búsqueda.
Lo deseable, en todo caso, habría sido incluir controles judiciales que desaparecieran la posibilidad de que cada empresa opere conforme a sus propios criterios. Google, por ejemplo, ha conformado un consejo asesor para este tema, pero no hay noticias claras en torno a la actuación de los demás motores de búsqueda.
