Pese a las protestas de Google y otros sitios de noticias, el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual en España ha sido aprobado este martes por la Comisión de Cultura del Congreso.
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Los diputados aprobaron con 22 votos a favor y 20 en contra la iniciativa, que permitiría a los medios de comunicación percibir una cuota compensatoria (aún por definir) por el uso de sus contenidos en sitios de noticias (como Google Noticias) o agregadores (como el caso de Menéame).
Ricardo Galli, fundador de Menéame –uno de los sitios más afectados por la decisión– ha sido contundente en su sitio personal:
La realidad es más sencilla, querían ir contra Google y redactaron una ley francotirador, pero de forma tan ignorante que les salió una bomba que afecta a todos. Y lo peor, a algunas empresas nos obligarán a emigrar, y otras a no instalarse en España.
Desde el punto de vista económico-social sólo perjudicará a España y no salvará a ninguna prensa o periodismo. (…) Ya es muy complicado en España desarrollar proyectos relacionados con noticias, que involucren derechos de autor y libertad de expresión, pero nos siguen poniendo piedras.
Bueno, esto no es una pierda más, es una patada en los genitales, con tanta alevosía como ignorancia.
Esta tasa a agregadores (bautizada como canon AEDE por el apoyo que recibe de la Asociación de Editores de Diarios Españoles) también prevé multas de hasta 300 mil euros (230 millones de pesos chilenos o 405 mil dólares) contra los infractores. En pocas palabras, si un periódico detecta que se ha enlazado a sus contenidos sin su permiso, puede solicitar esta multa “compensatoria”.
Esto afectaría a cualquier agregador de contenidos, sin importar su tamaño –incluso, se sostiene que Facebook, Twitter, Flipboard o Zite podrían verse perjudicados–. No todos los diarios están de acuerdo con la medida, como sostiene 20minutos.es:
Imponer tasas o cánones penaliza el acceso a la información y al conocimiento de usuarios y puede ser un freno a la innovación y la creación. La defensa de los derechos de autor es legítima, pero no debe extenderse a vulnerar el derecho de quienes eligen ejercer sus derechos de autor de forma diferente. Este periódico considera que el ‘copyright’ es legítimo, pero que el ‘copyleft’ también lo es.
Otra de las preocupaciones es que la aplicación de las tasas quedaría en manos de CEDRO, una sociedad de gestión de propiedad intelectual con antecedentes de abuso. El proyecto ahora pasará al Senado a finales del verano español.
