Mucho se ha hablado recientemente acerca de neutralidad de la red. Especialmente luego de la derrota sufrida por la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC) ante la Corte de Apelaciones de Washington en un proceso emprendido por Verizon.El debate se reavivó hace menos de un mes, cuando se dio a conocer que la Comisión promovería cambios que dañarían seriamente a la neutralidad de la red en su propuesta para unas nuevas reglas sobre Internet abierta.
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Sin embargo, el documento no fue hecho público sino hasta el pasado jueves, cuando se confirmó que el riesgo para este principio de Internet continúa latente. Ese día, la FCC aprobó una propuesta preliminar que se encontrará abierta a comentarios durante los próximos meses, luego de los cuales habrá de ser votada una propuesta final. Cualquiera que sea la conclusión del caso, la decisión de la FCC sentará un precedente que tendrá impacto en otras partes del mundo.
Las consideraciones legales
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Se trata, tal vez, del apartado más importante del debate actual. Sabemos que la neutralidad de la red es un principio de Internet basado en consideraciones de arquitectura. Asumiendo que la comunicación de datos se realiza desde un extremo a otro de la red, se admite entonces que contamos con una red tonta. Dicho de otro modo, cualquier tipo de innovación se tendría que dar en las orillas, de modo que la red únicamente transporte los paquetes de datos haciendo su mejor esfuerzo y cumpliendo con los protocolos de Internet.
El hecho es que para que el tráfico de datos pueda llegar a su destino, es necesario que exista una entidad que quiera transportarlo. Es donde entran los proveedores de servicio de Internet (Internet service providers, ISP), que comúnmente son operadores de telecomunicaciones. En casos excepcionales, es el gobierno – a través de empresas estatales – quien transporta los datos. Y es justo en este punto donde se abre una dualidad sumamente interesante.
Tradicionalmente, los operadores de telecomunicaciones han sido regulados siguiendo ciertas reglas. Poniendo como ejemplo a los operadores de telefonía, éstos se encuentran acostumbrados a gestionar el tráfico de sus líneas con base en ciertos criterios – nadie satura la red si se pone a hablar a un volumen más fuerte que los otros usuarios-. Sin embargo, cuando estos mismos proveedores ofrecen su infraestructura para que los usuarios accedan a Internet, se han encontrado con que hay aplicaciones que generan más tráfico que otras, lo que a su vez dispara un conflicto con respecto a la gestión del tráfico.
Si un regulador – como la FCC – pretende imponer reglas para que los ISP no discriminen el tráfico a pesar de que haya usuarios o aplicaciones que les produzcan dolores de cabeza, deben seguir ciertos requisitos marcados en la ley. En caso de no hacerlo, se abre la puerta a que los operadores de telecomunicaciones utilicen a sus abogados para evitar estas obligaciones en las cortes, justo como pasó en Estados Unidos.
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Innovación sin pedir permiso
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Uno de los argumentos de los ISP para evitar la neutralidad de la red se basa en la gestión de tráfico de sus redes. Muchos señalan que aplicaciones exitosas – como Netflix – producen congestión en sus redes, orillándolos a emplear recursos adicionales. Por esta razón, consideran que sería justo que este tipo de proveedores de contenidos pagaran una tarifa adicional para gestionar mejor el tráfico que generan.
Sin embargo, el problema aquí es que sería difícil definir un criterio conforme al cual se determinara si un proveedor de contenidos debería pagar a un ISP. En todo caso, la lógica nos indica que tendrían que hacerlo aquellas aplicaciones que generaran un alto volumen de tráfico, las cuales a su vez son las que suelen tener mayores ingresos monetarios y una mayor cantidad de usuarios.
En este escenario y contrario a lo que sucede en la actualidad, los desarrolladores de nuevas aplicaciones se enfrentarían a un ecosistema con altas barreras de entrada, dados los privilegios que exigirían – y a los que tendrían derecho – los desarrolladores de mayor tamaño. Por lo tanto, el impacto sobre la apertura de Internet sería considerable.
Quien paga es el usuario
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Finalmente, si la decisión del regulador estadounidense se inclina para permitir acuerdos entre ISP y proveedores de contenidos, los afectados serán los usuarios finales. No hay que perder de vista que un ISP cobra al usuario una tarifa por conectarlo a Internet, dejando en sus manos la libertad para consumir y producir los contenidos de su preferencia. Ya es decisión del usuario si una vez conectado accede a servicios gratuitos o si decide pagar por obtener otro tipo de contenidos.
En el caso de que existieran acuerdos en los que un proveedor de contenidos pagara a un ISP por otorgar preferencia en ciertas condiciones a su tráfico, el costo generado podría ser trasladado del proveedor de contenidos al usuario final. En este escenario, el usuario terminaría haciendo un triple pago:
- Al ISP, por el servicio de acceso a Internet
- Al proveedor de contenidos, para tener acceso a los mismos
- Al proveedor de contenidos, para compensar el acuerdo comercial entre éste y el ISP
Claramente, los proveedores de contenidos no desglosan la tarifa que cobran en función del destino del dinero. Sin embargo, las señales parecen ser claras en el caso de Netflix en Estados Unidos, que primero cerró un acuerdo comercial con Comcast, luego vio mejorada la velocidad de la conexión con este ISP y finalmente decidió aumentar el precio de su membresía para usuarios nuevos.
