Los últimos sucesos en torno a la legislación relacionada con Internet en México demuestran que no existen las coincidencias. No. Es evidente que a muchos actores del gobierno mexicano –a todos niveles: federal, estatal o municipal– les incomoda el poder de las redes de comunicación y buscan, más que regularlo, coartar su uso.
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A raíz de estos antecedentes, un grupo de organizaciones mexicanas, apoyadas por Derechos Digitales y Access Now, han lanzado la campaña #InternetLibreMX, que busca exigir a las autoridades que cumplan su trabajo: que se garantice la libertad de expresión, acceso y neutralidad de la red. Sea por omisión, desconocimiento o negligencia, Internet está en riesgo en México. Aquí diez razones que lo avalan:
1. México apoya TPP
El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) es un tratado internacional que se ha negociado en total opacidad y que, de acuerdo con el borrador de propiedad intelectual filtrado por WikiLeaks, conlleva modificaciones a las leyes que afectarían la manera en que utilizamos Internet. Entre estas medidas, está el aumento a los plazos de protección del copyright, la protección de copias temporales y las responsabilidades de los ISP, entre otros.
México es un miembro activo de TPP y el gobierno federal es uno de sus principales impulsores. Puedes saber mucho más sobre el acuerdo –que afecta también a Chile y Perú en América Latina– en la web de TPP Abierto.
2. Intentos por frenar la “difamación” en redes sociales
Los políticos mexicanos tienen la piel delgada cuando se trata de recibir críticas en redes sociales. Muchos han intentado elevar los insultos e injurias en Twitter o Facebook al grado de delitos, como la propuesta de ley en Nuevo León presentada en mayo de 2013. Bajo el nombre de cyberbullying, los legisladores avalaron una norma que imponía penas económicas y que, obviamente, inhibe la libertad de expresión y facilita la censura de facto.
3. El cierre del sitio 1dmx.org
En diciembre de 2013, se notificó al colectivo 1DMX que su sitio web –pensado como un nodo de denuncias en vídeo sobre abusos policiacos en manifestaciones– había sido dado de baja por GoDaddy. Una pesquisa posterior mostró que la orden había sido emitida con ayuda de la Embajada de Estados Unidos por petición de la Secretaría de Gobernación de México como parte de una indagatoria. Al hacerse público el acto (y del conocimiento de la prensa internacional), el sitio volvió en línea sin darse ninguna explicación.
Aún no se han dado razones para bajar el sitio (en primer lugar) ni más justificaciones de la supuesta investigación.
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4. Los Peñabots y la manipulación de la opinión pública
Se ha acuñado el término peñabot al uso de bots de Twitter para tratar de manipular la opinión pública mediante la repetición masiva de mensajes, de modo que se promuevan ciertos temas como trending topics con motivos partidistas; o que se “contaminen” hashtags con spam para entorpecer el flujo de información. Tal es el caso del asesinato del periodista Gregorio Jiménez, en el que se utilizaron cientos de estos bots para que imperara la versión oficial de los hechos.
5. La extraña aparición del spyware FinFisher
FinFisher es un software de espionaje que es comercializado a gobiernos y sirve para interceptar y grabar comunicaciones. El programa se hace pasar por otro (incluso ha suplantado a Mozilla Firefox) para ser instalado en ordenadores o teléfonos móviles. Citizen Lab presentó un reporte en 2013 en el que se ubicaron rastros de FinFisher en las redes de Telcel y Iusacell. A la fecha, el caso sigue en pie, sin que se hayan descargado responsabilidades ni existan explicaciones
6. Retención indiscriminada de datos
La Ley Federal de Telecomunicaciones incluye un apartado que obliga a los concesionarios de telefonía a “conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad”. Los datos recabados –entre ellos, los relacionados a geolocalización– deben ser resguardados por 12 meses. Gracias al Código Nacional de Procedimientos Penales, las autoridades pueden tener acceso a estas información, pero tú no, ya que las leyes de acceso a la información no obligan a la empresa a dártelos.
7. Queremos saber dónde estás
A inicios de año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió una serie de reformas sobre geolocalización, que facultan a las procuradurías a solicitar a las operadoras –so pena de sanción– los datos de geolocalización de un teléfono móvil en tiempo real, sin necesidad de orden judicial, sin notificar al investigado y sin rendición de cuentas posterior. Se vulnera el derecho a la privacidad y es una herramienta susceptible de ser usada con fines abusivos.
8. Se atenta contra la neutralidad de la red
La reforma de telecomunicaciones, enviada recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, revive una vieja propuesta que permitiría a los proveedores de servicios de Internet “podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad.” Como explica Israel Rosas en su análisis, esto atenta directamente contra una red neutral en México.
9. ISP policial
Otro apartado de la reforma de telecomunicaciones permite que los ISP impidan el acceso a sitios web, aplicaciones o servicios si existe una petición por parte de una autoridad. Por desgracia, la facultad de decidir esto no recae en los jueces, sino en los gobiernos. Difícilmente una compañía de servicios de Internet se opondrá a este bloqueo, a pesar de que se vulneren los derechos de otra persona.
10. Córtese el Internet en caso de emergencia
Al estilo de otros países con gobiernos dudosamente respetuosos de los derechos humanos, el de México propone que se pueda cortar el acceso a Internet cuando el gobierno determine que se pone en riesgo “la seguridad pública y nacional”. En un contexto en el que una parte de la ciudadanía ha recurrido a las calles para cuestionar la legitimidad de su actual gobierno –y de sus reformas–, este kill switch suena como una tentación muy fuerte para una administración autoritaria. Puedes consultar mucho más sobre los peligros de la reforma de telecomunicaciones en este análisis del abogado Luis Fernando García y el activista Carlos Brito.
Como podemos ver, no hay que irnos a otros lados a quedarnos boquiabiertos y sorprendidos; basta con empaparnos un poco más de la realidad mexicana para ver que, en lugar de la paja del ojo ajeno, hay muchas ramas en el propio que retirar. Puedes comenzar por firmar la petición como un primer acto, pero recuerda que puedes ayudar informando a los demás y exigiendo tus derechos ciudadanos en línea.
Queremos un Internet abierto, neutral y sin censura. Queremos un Internet libre.
© Derechos Digitales
Link: Internet Libre MX
