(cc) hurley_gurlie182
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Los españoles están perdiendo la paciencia con los señalamientos y acusaciones que miembros del Gobierno de Zapatero, que dicen defender la cultura, hacen a diestra y siniestra: Acusarles de «piratas».
Así que han decidido unirse en un manifiesto propuesto por FACUA-Consumidores en Acción, donde piden al Gobierno que modifique su política cultural.
Al momento más de 40 mil ciudadanos han firmado el manifiesto llamado «Si es legal, es legal«, en el cual rechazan la Ley Sinde y exigen al Ejecutivo que deje de criminalizar a los usuarios para complacer a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y las multinacionales que dominan la industria cultural.
En la web sieslegaleslegal.org puede leerse y firmarse el manifiesto, en el cual los ciudadanos exigen respeto al Ejecutivo, en cuanto a las calificaciones y denominaciones hechas a la ligera:
Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura», plantea el manifiesto, que demanda «un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria».
El manifiesto recuerda, además, que una sentencia «dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes P2P».
Aseguran, que la sentencia señala que los enlaces constituyen «la base misma de Internet», y añade que las redes P2P, «como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet», tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
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En el manifiesto, FACUA-Consumidores en Acción, recuerda a quiénes dicen apoyar la Ley Sinde por un asunto de derechos de autor que:
El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada. Y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones…»
Critican que los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales, y recuerda el que sin embargo son los internautas «el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses».
Luego invitan a la industria a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet… ¡Y es que esa es la clave de todo este asunto! ¿Cuándo los políticos comprenderán que la solución no es reprimir a los internautas, sino promover un cambio de modelo económico? Mientras reaccionan, no queda más que esperar a que al menos escuchen al pueblo que los eligió.
