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Fachada del Congreso de los Diputados. (cc) Pablo Arias
Mientras el mundo tecnológico se ha centrado en un aparato en concreto de una marca muy concreta como si fuera el fin del mundo y no hubiera nada más que decir sobre ningún tema- a excepción de unos pocos y entre ellos, Fayerwayer- en España todo lo relacionado con la Ley de Economía Sostenible y las normativas que deberían alterarse han seguido el curso previsto.
Destacan dos puntos bajo mi punto de vista cruciales: el primero, el planteamiento del Ministro de Justicia respecto de la intervención de un juez en el cierre de sitios web solicitados por la Comisión de propiedad Intelectual cuando crean que se violan los derechos de autor.
Recordemos que este punto se añadió a última hora y sin conocimiento de la mayoría de los autores del borrador. Todas las críticas se centraron en que el texto contemplaba el cierre de paginas web sin intervención judicial, y poco después se modificó el borrador añadiendo a la justicia, que solamente dirá si el cierre atenta contra los derechos y libertades fundamentales, pero NO entrará en decidir si el sitio en cuestión debe cerrarse por, por ejemplo, simplemente decir en este sitio se encuentra tal película, lo que NO es delito en España.
Mientras todo el mundo apunta que el juez en este caso tiene la misma utilidad que un limpiaparabrisas en un submarino, las entidades de gestión de derechos de autor y el Ministerio de Cultura se han cansado de apuntar que el juez tendrá poder para mediar en los conflictos… hasta que el Ministro de Justicia explicó cuál es exactamente la intervención del juez.
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Básicamente, los internautas teníamos razón, y el juez no entrará en el fondo del asunto. Así que el juez, jurado y ejecutor del cierre de webs seguirá siendo -si se aprueba la ley- la Comisión de Propiedad Intelectual, formada por las entidades de gestión, por vía administrativa y saltándose las leyes y parte de la Constitución.
El segundo punto crucial es la consecuencia de lo que explicamos hace días, poco antes de que la Subcomisión de Propiedad Intelectual empezara su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Teóricamente esta subcomisión elabora un dossier para el Gobierno de cara a la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, pero al no ser un texto vinculante, sino más bien un conjunto de consejos, el Gobierno puede hacer caso omiso. Pero llama poderosamente la atención que en dicha Subcomisión solamente hay un internauta que no tiene intereses, mientras que el resto de comparecientes son representantes de entidades de gestión. Interesante el relato de la intervención de dicho internauta, Enrique Dans, en su blog.
Pues bien; contra todo pronóstico, las principales conclusiones a las que se ha llegado es que es necesaria una revisión del canon digital urgente; que ya tenemos suficiente de pagos absurdos, y que el pagar por todo no soluciona el problema real, además de que es necesario un control y la obligatoriedad de las entidades de gestión a ser transparentes en sus actividades, por el momento -y a falta de demostrar lo contrario- centradas únicamente en recaudar dinero.
Estos sentimientos generales (pero NO mayoritarios) extraídos de la Subcomisión se suman a otras tantas iguales de decenas de organizaciones de ámbitos de lo más variopinto que no han sido citadas a declarar. Pero insisto, que la Subcomisión está formada en su mayoría por entidades de gestión, y que las conclusiones y el dossier resultante no son vinculantes para el Gobierno.
Y mientras, al nivel del pueblo y lejos de las altas instancias y de los poderes en la sombra, la batalla continúa.
